Por Juan Manuel Cocco, en BAE. Las provincias enfrentarán un duro horizonte financiero en 2019, un año electoral en que la tentación a aumentar los gastos podría poner en jaque su perfil crediticio y profundizar el deterioro financiero.
De acuerdo con un informe de Moodys Investors Service, la perspectiva de los bonos subsoberanos será negativa en 2019, principalmente debido a menores ingresos, pero también a mayores costos financieros. «Las provincias seguirán registrando elevados costos de financiación, indicadores de deuda más débiles y mayores riesgos de refinanciamiento debido a tasas de interés más altas y exposición a deuda en moneda extranjera», enumeró la agencia.
Pero no todas las administraciones subregionales son lo mismo. «La situación de las provincias va a estar muy ligada a lo que ocurra con el Riesgo País a nivel nacional, en un equilibrio que es muy fino para los próximos meses», mencionó a BAE Negocios Martín Vauthier, de Eco Go.
Ese diferencial de tasa entre los bonos soberanos y similares de los Estados Unidos se mantenía en torno de los 750 puntos básicos, un nivel tóxico para la deuda pública nacional y provincial. «Si el Riesgo País no baja, difícilmente veamos una mejora para las provincias. Lo mismo ocurre con el nivel de actividad. Si se sostiene la recesión, el impacto sobre los ingresos puede comprometer los objetivos fiscales, tanto a nivel nacional como provincial», completó Vauthier.
De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía argentina caerá 1,5% el próximo año. Precisamente, Moodys destacó que las transferencias federales automáticas se reducirán porque están basadas en un régimen de reparto de impuestos mayormente asociados con la actividad económica. Y las provincias también experimentarán una reducción de ingresos propios a medida que su propia base económica se contraiga.
Además, impactarán en las cuentas públicas provinciales las transferencias por parte del soberano de los gastos asociados al transporte público y de la tarifa social eléctrica. El Gobierno nacional ahorrará con esa decisión un monto equivalente al 0,4% del PBI, un costo que los gobernadores deberán decidir si asumen bajo la forma de subsidios o si lo trasladan a los ciudadanos en un año electoral.
«La clave está en distinguir a las provincias según su situación post-acuerdos con el Gobierno. Hay varias que tienen recursos suficientes como para alcanzar el equilibrio/superávit primario (Córdoba, por ejemplo), pero otras están en muy malas condiciones (Santa Cruz). En 2019, sólo las que cuenten con fondos para expandir el gasto o que puedan conseguir buen financiamiento van a poder hacerlo», agregó Matías Carugati, de Management & Fit, en diálogo con BAE Negocios.
De acuerdo con Moodys, el Gobierno recortará las transferencias discrecionales para gastos corrientes en un 17,5% en 2019 (vs. 2018), cayendo a 0,4% del PBIdesde 0,7%. Pero el impacto diferirá de una provincia a otra, ya que la dependencia de transferencias discrecionales representa entre 4,5% y 13% de los ingresos totales, según cada provincia.
Por el lado del financiamiento, las provincias tampoco tienen un horizonte favorable. La combinación de una mayor depreciación del peso y tasas de interés altas debilitarán los indicadores de deuda subsoberana. Debido a que las provincias aumentaron su exposición a deuda en moneda extranjera desde 2015, honrar los pagos aumentará de forma considerable los gastos. El mercado ya pricea las refinanciaciones.