Dicha adhesión pondría a cargo de las autoridades provinciales todo lo referido a la producción de drogas, tenencia con fines de comercialización o distribución, almacenamiento o transporte, o venta, cuando estas drogas estén fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor.
Baca señaló que el tema debe ser tratado a la mayor brevedad, dado el alcance que ha cobrado el tráfico y el consumo de drogas y los daños de todo tipo que ocasionan a la comunidad.
“La responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, explicó Pablo Baca seguiría a cargo de las autoridades nacionales pero también tendría intervención la provincia en aquellos delitos que tienen que ver con el fraccionamiento, transporte o venta al menudeo de sustancias prohibidas”.
“Además, agregó Baca, en muchos casos, de las investigaciones a cargo de las autoridades provinciales se podrán encontrar elementos para investigar las grandes redes de narcotráfico, que luego podrán seguir su avance a cargo de la justicia federal”.
También el legislador radical advirtió que la ley a la que se pretende adherir podría ser modificada en tiempos cercanos, despenalizándose la tenencia para consumo personal de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema en el «caso Arriola». Por ello en el proyecto se dejó a salvo de la normativa los tipos penales que han sido considerados inconstitucionales por parte del máximo Tribunal.
Una cuestión importante que se resalta en el proyecto es que, a partir de la adhesión a la normativa, la provincia recibiría transferencias de los créditos presupuestarios que destina la Nación.
“La norma es de imperiosa vigencia en nuestra provincia dada el alcance que está cobrando el flagelo del narcotráfico y el hecho de encontrarse en una zona de frontera que ha sido señalada particularmente por jueces federales como de mayor incidencia de estas actividades ilegales” concluyó el diputado Baca.