La iniciativa propone que los empleados públicos, víctimas de violencia deban ausentarse por tal motivo de su puesto de trabajo. La inasistencia sea total o parcial, contara con la debida, justificación emitida a través de la constancia de denuncia policial, certificado expedido por profesional de la salud, lo que evaluara las condiciones y tiempo de la referida licencia.
La resolución del conflicto muchas veces se precipita con impedimentos a la hora de salir del círculo de la violencia, como los trabajadores que no cuentan con el tiempo para resolver estas cuestiones.
“Esta situación se vive a diario y fue la experiencia con compañeras lo que me llevo a este proyecto” –dijo Patricia Armella- “ser mujer no tiene fronteras, partidos políticos ni organizaciones sociales. Somos mujeres y merecemos este derecho”.
Armella agregó: “la violencia de género y la violencia familiar siguen siendo una problemática social y cultural compleja” y subrayo “es de conocimiento público y social que la violencia está destinada al género femenino”.
“Los trabajadores víctimas de violencia intrafamiliar recurren al uso de licencias laborales por otro motivo” aseguro la Legisladora justicialista y agregó “incluso usan licencia por razones psiquiátricas” asegurando que los victimarios luego aducen que la víctima no está en sus cabales y “por ello pretenden sacarle la tenencia de los hijos en común” resaltó Armella.
Para finalizar la legisladora dijo: “no hay que olvidarse que las victimas viven con el victimario, por lo que requieren de un amparo para evitar nuevos ataques” y agregó “los que acentuados por la denuncia pueden ser peores y traer consecuencias irreparables”.