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Las comunidades originarias de Jujuy se van a ocupar de relevar sus territorios para obtener luego los títulos de propiedad comunitaria por los que vienen peleando desde hace años. A este acuerdo llegaron en el marco de la mesa de trabajo de la que participaron referentes indígenas y funcionarios del gobierno provincial.
La reunión se llevó adelante este miércoles para definir los pasos a seguir con el fin de que se regularice la situación de las comunidades originarias. El gobierno provincial deberá otorgar las personerías jurídicas que están todavía en trámite para luego entregar los títulos de propiedad comunitarios.
La abogada Silvana Llanes, que representa a las comunidades, calificó como «muy positiva» la reunión de la que participaron funcionarios del Ministerio de Gobierno, del área de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de la Secretaría de Pueblos Indígenas y de Minería.
«Fue muy interesante y muy importante -relató Llanes a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5)-, porque se han tocado temas que vienen postergándose un montón de tiempo, como es la entrega de personerías jurídicas que termina con la entrega de los títulos comunitarios».
La abogada recordó que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que el Estado les reconoce a las comunidades su identidad, su cultura y el territorio que ancestralmente ocupan. «Pero eso en la realidad no pasa, lo que ha dado lugar a desalojos ilegítimos y violencia institucional, con las comunidades amenazadas y todos sus derechos avasallados», remarcó.
La cuestión es compleja porque involucra a un organismo federal como es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que según Llanes «ha incumplido ampliamente sus deberes, como también la Secretaría de Pueblos Indígenas».
«Esto quedó demostrado ayer, porque las comunidades que me acompañaron sacaron las notas presentadas del 2006 en adelante respecto a su personería jurídica, a los pedidos del relevamiento territorial y al posterior título comunitario, que la Secretaría de Pueblos Indígenas nunca respondió», explicó.
De la mesa de trabajo, las comunidades se llevaron el compromiso de los funcionarios de avanzar con los trámites necesarios. Dentro de 20 días habrá un nuevo encuentro en el que se van a verificar esos avances. En tanto, los propios comuneros van a trabajar en el relevamiento de sus territorios.
Sobre este punto, el referente de la comunidad Lumara, Carlos Chuchuy, comentó a El Submarino Radio: «Ellos dijeron que no cuentan con personal para hacer el relevamiento. ¿Y quién conoce mejor los límites? El que vive en el territorio».
«Esto es muy bueno -señaló Llanes-, porque quién mejor que los integrantes de las comunidades conoce el territorio, sabe dónde están sus mojones, sabe cuáles son sus colindancias».
Para llevar adelante estos relevamientos, se logró también que las comunidades elijan a los agrimensores. La verdadera razón es que desde el gobierno admitieron que no tienen recursos humanos suficientes, porque cuentan solo con dos o tres especialistas.
Llanes reveló que los relevamientos hechos en el pasado por personal técnico del INAI no fueron los adecuados. «Los hacían a conveniencia. Por ejemplo, en Chalala lo hicieron lejos de donde estaba la comunidad», contó.
Sin embargo, la abogada aclaró: «Pero no solamente vamos a culpar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas porque no conoce la zona, porque venían de Buenos Aires. Nosotros les dijimos que acá incumplieron».
La cantidad exacta de comunidades que habitan la provincia también es un punto de conflicto. La Secretaría de Pueblos Indígenas manifestó que hay 520, de las cuales 168 tienen personería jurídica y solo 68 títulos comunitarios. Pero ese número debe revisarse. En la mesa de trabajo los funcionarios se comprometieron además a modificar la web de la Secretaría para ajustar lainformación.
«Han quedado expuestos. Había una desinformación total, una inacción total, omisión e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos», afirmó Llanes.
El acuerdo alcanzado este miércoles es «ir de menor a mayor», detalló Llanes. Las comunidades que están listas para escriturar, van a tener su escritura. Mientras, se van a ir realizando los relevamientos. Y sobre aquellas en las que se presente algún conflicto se van a organizar mesas de trabajo especiales para empezar a regularizar.
«No pedimos nada fuera del lugar. Pedimos que nos respeten -comentó la abogada-. Y queremos que nos entreguen nuestros territorios para evitar estos desalojos, esta violencia institucional y empezar a vivir un poco más tranquilos».
Comunidades originarias lograron que se haga una mesa de trabajo para regularizar sus tierras
