Por Marcelo Alejandro Cabero del Foro de Hábitat Digno. Hoy vamos a hablar de las promesas electorales referidas a la construcción de viviendas y a la entrega de lotes con servicios para los trabajadores jujeños y sus familias.
Jujuy no es un caso aislado dentro del país. Un informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina, publicado este año, ubicó a nuestra provincia entre las cinco con mayor déficit habitacional de todo el territorio nacional.
No es una percepción militante, es lo que confirma un informe técnico, hecho por especialistas del sector inmobiliario y del desarrollo urbano, no por ninguna organización social.
Cuando asumió el gobierno de Cambiemos en Jujuy, después de ganar las elecciones en el año 2015, prometieron construir 3000 o más viviendas por año. Después de casi 11 años de gobierno ininterrumpido podemos hacer un análisis claro si cumplieron o no con su contrato electoral.
Según información suministrada por el propio IVUJ ante un pedido de informe hecho por la ley de información pública 4444, entre el 1/01/2016 y el 31/12/2025 se construyeron 3.442 viviendas en total. Un promedio de 340 por año. El propio gobierno reconoce un déficit de entre 25.000 y 30.000 viviendas. A ese ritmo, cubrir ese número les llevaría entre 75 y 90 años más.
Y el problema, para dimensionarlo bien, no es chico. Hoy en Jujuy hay 200.000 personas afectadas directamente por la crisis habitacional: 64.600 familias sin vivienda propia, y el 61% de las infancias de la provincia viviendo bajo la línea de pobreza, lo que también condiciona el acceso a un techo digno. No es una estadística más. Es la vida cotidiana de uno de cada tres jujeños.
¿Cuando se traiciona el voto popular, como reaccionamos como sociedad?
Lo único que nos queda es exigir que busquen una solución concreta para remediar el fracaso evidente, que se niegan a reconocer. Aquí es donde nuestra propuesta entra en acción: exigir la aprobación del proyecto de Ley de Hábitat Digno.
Fijate un detalle que no es menor. En 2015 el radicalismo no prometió 3.000 viviendas por año. Prometió 6.000. Después la bajaron a 4.000. Y recién ahí, con los años, terminó circulando la cifra de 3.000 como si fuera la promesa original. Ni siquiera fueron capaces de sostener el número con el que salieron a buscar el voto. Achicaron la meta en el propio relato, antes de que nosotros tuviéramos que salir a desmentirla con los papeles en la mano.
Traicionaron el contrato electoral. Y lo peor no es haber incumplido — en política los números siempre se ajustan, siempre hay algo del contexto que se lleva puesto la promesa. Lo peor es que jamás lo reconocieron. Nunca escuchamos un «no llegamos, nos equivocamos en el diagnóstico, hay que cambiar el modelo». Escuchamos otra cosa: relato. Inauguraciones de obras ajenas, anuncios que nunca terminan de bajar a los barrios, cifras que mezclan viviendas con «soluciones habitacionales» para maquillar lo que no se hizo.
Frente a esto, ¿qué hacemos como sociedad? Hay dos caminos. Uno es la resignación: total, siempre fue así, siempre prometen y no cumplen. El otro es organizarse y construir una alternativa concreta, con letra de ley, con nombre y con plazo. Nosotros elegimos el segundo.
¿Que contempla la Ley de Hábitat Digno?
En un primer momento, declarar la emergencia habitacional por el plazo de cinco años para regularizar los asentamientos y barrios populares de nuestra provincia. Entregar los títulos de propiedad y reconocer su existencia, para de esta manera urbanizarlos y que les lleguen todos los servicios públicos, para que los habitantes de estos barrios dejen de ser considerados ciudadanos de segunda o de tercera en el peor de los casos.
Porque acá hay que ser claros con algo: no alcanza con construir viviendas nuevas, y tampoco hace falta que todas sean viviendas terminadas.
La propia ley reconoce que la precariedad habitacional no es solo la falta de un techo, es la falta de un título de propiedad y el acceso a servicios básicos como agua, luz y cloaca. Miles de familias ya viven en estas condiciones, ya construyeron su casa con sus propias manos — lo que necesitan no es que alguien les regale una vivienda desde arriba, sino que el Estado reconozca lo que ya existe y lo urbanice.
Para una parte importante de las familias alcanza con eso: un lote propio, con servicios, para poder arrancar a construir. Y para los sectores más humildes, que no tienen ni siquiera esa capacidad de autoconstrucción inicial, la solución pasa por el lote con servicios más un núcleo habitacional: una habitación grande y un baño, como punto de partida digno desde donde seguir creciendo.
No es una solución de segunda. Es una política más inteligente, porque con el mismo presupuesto que hoy alcanza para 340 viviendas terminadas por año, se puede llegar a muchas más familias.
Y esto no es un planteo teórico: en la práctica, buena parte de las supuestas viviendas incompletas que entregó el gobierno eran en definitiva lotes sin servicios esenciales ni infraestructura básica. Un lote sin agua, sin cloaca y sin luz no es una solución habitacional, es un problema habitacional.
Acá hay algo que conviene dejar bien claro, porque se presta a confusión todo el tiempo: hábitat digno no es lo mismo que vivienda. Una vivienda es cuatro paredes y un techo. El hábitat es todo lo que rodea a esas paredes, y ahí es donde el Estado viene fallando hace décadas.
Podés tener una casa de material, bien construida, y seguir viviendo mal si esa casa está en un barrio sin un centro sanitario cerca, sin escuelas, sin espacios para la recreación y contención de los niños y adolescentes, sin espacios para comercialización y producción, sin acceso a un transporte eficiente que no tengas que pensar en salir de casa dos horas antes para llegar al centro de la ciudad en las horas pico.
Esto pasa todo el tiempo en Jujuy. Y también pasa al revés: una familia que arranca con un lote y un núcleo habitacional, si ese lote está bien ubicado y tiene servicios, termina mejor que otra que recibió una casa terminada tirada en medio de la nada, sin nada alrededor.
En segundo lugar, la creación de un laboratorio que esté formado no solo por funcionarios, sino también por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, colegios de arquitectos, vecinos y toda institución dedicada al trabajo de lograr un acceso al hábitat digno, ya que todos sabemos que los «especialistas» que únicamente trabajan detrás de un escritorio no pueden entender ni comprender las realidades de cada barrio, si no conocen ni viven en el territorio.
Y en tercer lugar, algo que se suele dejar afuera de estas discusiones: cupos concretos. El 10% de las viviendas para personas con discapacidad, el 20% para familias monoparentales, el 25% para trabajadores cuentapropistas y de la economía popular.
Pero pedimos ir más allá de lo que dice la letra actual del proyecto: que esos porcentajes contemplen también a las personas solas y a las diversidades, como las mujeres trans, que hoy ni siquiera pueden acceder a un lote con servicios. Porque el problema habitacional en Jujuy no es solo de cantidad, es de a quién se le da prioridad.
Y esa misma lógica de exclusión aparece en el financiamiento. La mayoría de la provincia vive del trabajo independiente. Son ingresos reales, pero no entran en la planilla que pide un banco o un ente de crédito formal.
El esquema del IVUJ sigue funcionando con parámetros pensados para otra época, cuando el empleo formal era la norma y no la excepción. Hoy es al revés, y el sistema todavía no se dio cuenta.
Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué hacemos cuando un gobierno no cumple con su contrato electoral? ¿Exigimos, ahora, que el oficialismo se siente a trabajar en serio la ley que ya está en tratamiento en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura?
Porque esa ley no durmió en un cajón. La venimos empujando nosotros, desde el territorio, con el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda. Lo que falta es que quienes gobiernan se comprometan a trabajarla, a discutirla, a aprobarla-y que se hagan cargo de una crisis de la que ellos mismos se comprometieron a resolver.
Nuestra Constitución no deja lugar a dudas: el derecho a una vida digna incluye el derecho a un lugar donde vivir. No es un favor que pide el gobierno de turno. Es una obligación que la Constitución ya les impuso.