La defensa de los imputados —Marcos y Miguel Ángel Guerra, y Moisés Lavayén—, recusó horas antes del juicio a la presidenta de trámite, Laura Nilda Lamas González, como ya había hecho con los vocales Raúl Burgos y Humberto González.
Grenni, quien colabora con el Ministerio Público Fiscal en esta causa, comentó que el pedido sobre los vocales se había hecho con anterioridad, sin explicar razones, y que en el momento previo al inicio de la primera audiencia hicieron lo mismo con la presidenta, en esta ocasión alegando “enemistad manifiesta”.
En realidad, la causa por la muerte de Condorí debía ser juzgada por el Tribunal Oral N° 3 en pleno, pero este carece de uno de sus vocales, entonces debieron completarlo llamando jueces de otro tribunal. “A la defensa no le gustó cómo hicieron esa conformación y entonces presentó una recusación contra los dos vocales”, explicó.
“Finamente, lo único que le quedó a la defensa fue recusar a la doctora Lamas por pronunciarse en la causa penal en contra del defensor por problemas que han sucedido entre ellos”, detalló el abogado y agregó que si bien es cierto que el régimen procesal prevé la recusación en un caso como este, debería hacerse en tiempo y forma “y no días antes del juicio, porque un proceso penal dura varios meses, en los cuales se notifica, y se dispone de diez días para aceptar o no la intervención de los magistrados”.
Además, destacó, “se realiza una audiencia preliminar en la cual se discute la procedencia de las pruebas ofrecida por las partes y la intervención de los jueces, y todas las posibles nulidades que podrían haber existido durante la tramitación del proceso”.
En realidad, la causa por la muerte de Condorí debía ser juzgada por el Tribunal Oral N° 3 en pleno, pero este carece de uno de sus vocales, entonces debieron completarlo llamando jueces de otro tribunal. “A la defensa no le gustó cómo hicieron esa conformación y entonces presentó una recusación contra los dos vocales”, indicó.
Grenni interpreta que “esta presentación es evidentemente dilatoria”, y lo explica así: “La ‘enemistad manifiesta’ a la que se refieren es muy anterior al hecho, entonces no hay ningún motivo para interpelarla días antes del juicio; la finalidad es la suspensión del debate, porque una persona no puede estar detenida más de dos años sin juicio, y si la causa es muy compleja puede extenderse un año más”.
De este modo, entiende, “la defensa busca llegar a septiembre, cuando se cumplen los tres años, del hecho, para que no se produzca el juicio y los acusados queden libres”. “Desde la fiscalía vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda”, afirmó.