De acuerdo a la iniciativa, esta institución se desempañará dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno de la provincia, y el Defensor sería designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna resultante de un concurso público y con acuerdo de la Legislatura provincial.
El Defensor del Policía deberá poseer los siguientes requisitos: título de abogado, como mínimo treinta años de edad y cinco de ejercicio profesional al momento de su designación.
En el ejercicio de sus funciones tendrá alguna de las siguientes atribuciones: asesorar y representar en sede administrativa al personal policial; impulsar las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes del personal policial e intervenir en caso de ser necesario en todo asunto administrativo en que los mismos se vean afectados, iniciar las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes inmediatamente recibida la denuncia o tomado conocimiento del hecho que menoscabe el estado policial del personal y procurar activar hasta su finalización, los procesos en que intervenga, entre otras.
Almirón señaló que presentó este proyecto atento a la discusión existente entre la incompatibilidad de la sindicalización del personal policial, el derecho de huelga, la portación de armas y otros tantos aspectos del problema de larga data y que tuviera su punto más álgido en casi todo el país durante las últimas semanas, con la protesta por mejora salarial.