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La situación judicial de Manuel Adorni sumó un capítulo de máxima tensión tras el pedido formal de detención presentado por la diputada Marcela Pagano. La legisladora solicitó a la Justicia la aprehensión del funcionario bajo el argumento de que su posición de poder representa un riesgo inminente para la investigación que se sigue sobre su patrimonio. La acusación apunta directamente a un presunto esquema de presiones sobre testigos y el intento de eliminar evidencia digital crucial para el expediente.
El planteo se basa en la jurisprudencia de Comodoro Py que permite la prisión preventiva de funcionarios en ejercicio cuando existe peligro de entorpecimiento. Según Pagano, el jefe de Gabinete habría contactado a un testigo clave antes de su declaración para ofrecerle beneficios a cambio de borrar mensajes de WhatsApp que comprometerían su situación legal. Para la legisladora, tratándose del tercer cargo más importante del país, la capacidad de interferir en el proceso judicial es una amenaza real que debe ser neutralizada de inmediato.
La presión sobre los testigos en el foco judicial
El núcleo de la denuncia se apoya en el testimonio de Matías Tabar, un contratista que realizó refacciones en propiedades del funcionario. De acuerdo con la presentación judicial, el jefe de Gabinete se habría comunicado con él para ofrecerle el respaldo de su equipo técnico y solicitarle la destrucción de pruebas documentales. Pagano sostiene que este contacto no fue una casualidad, sino un intento coordinado de limpiar el rastro de las transacciones bajo sospecha.
Bajo esta premisa, la protección del testigo se volvió una prioridad para la querella. El hecho de que una persona reconozca haber sido presionada por un alto mando del Ejecutivo activa, según la visión de la diputada, la necesidad de medidas urgentes para resguardar la integridad de la causa. En este escenario, la invocación de la «doctrina Irurzun» busca equiparar el tratamiento de Adorni con el de otros funcionarios que, en el pasado, perdieron su libertad por el potencial riesgo que su jerarquía política significaba para el avance de la justicia.
Un patrimonio que no resiste el archivo
Más allá de las maniobras de entorpecimiento, el fondo de la causa investiga una brecha de más de 800 mil dólares entre los gastos declarados y los ingresos reales de Adorni. El expediente detalla refacciones fastuosas en un country, viajes al exterior y un inusual sistema de financiamiento privado. En lugar de recurrir a bancos, el funcionario habría recibido préstamos de particulares, incluyendo jubilados y efectivos policiales, una operatoria que despertó las alarmas de los investigadores.
Las inconsistencias también alcanzan a las declaraciones juradas, donde aparecieron bienes recién cuando la lupa judicial ya estaba sobre sus hombros. Mientras la Justicia define si hace lugar al pedido de detención, en el Congreso crece la presión para avanzar con una moción de censura que podría sellar su destino político. La causa ha entrado en una fase crítica donde cada mensaje borrado y cada cifra no explicada pesan más que las declaraciones oficiales de Balcarce 50.
