Profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) realizarán tareas de búsqueda de restos de víctimas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica en predios del Ejército ubicados en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy.
El anuncio se conoció días después de que la justicia federal le ordenara al gobierno provincial suspender las obras en el Cabildo de Jujuy, ubicado en el centro de la ciudad, dando lugar a presentaciones judiciales de organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S. Jujuy, avaladas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).
En este caso, se trata de obras iniciadas en predios del Ejército del barrio Alto Padilla de la capital provincial y que habían sido suspendidas por una medida cautelar dictada en enero por la justicia luego de que se encontraran restos óseos de una persona desaparecida durante la dictadura.
En marzo pasado, la SDH denunció que el gobierno provincial estaba incumpliendo dicha medida porque continuaba con las obras, a pesar de que la orden judicial era suspender los trabajos hasta que los antropólogos forenses investigaran si hay más víctimas. En esa oportunidad, el organismo nacional denunció que «el mismo juez que dictó la cautelar, ahora autorizó al Gobierno provincial a comenzar los trabajos».
La presentación de la Secretaría, a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, advirtió que el incumplimiento de la cautelar «desconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas y a obtener justicia, y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento, sanción y reparación por los crímenes de lesa humanidad».
El acuerdo anunciado este miércoles, que prevé el financiamiento para que profesionales lleven adelante tareas de prospección en los predios del Ejército del barrio Alto Padilla de la capital provincial, fue rubricado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el rector de la UNJu, Mario Bonillo. El equipo universitario presentó un plan de trabajo, mientras que el Gobierno provincial deberá asignar los fondos para la realización del proyecto de exploración.
«El requerimiento de la Justicia federal implica al laboratorio de Antropología y Arqueología de la UNJu, en tanto que el juez actuante requiere por parte del Gobierno provincial el financiamiento de los trabajos», explicó Bonillo.
Los equipos de profesionales llevarán adelante un estudio previo para analizar si es pertinente la construcción en ese sitio. «Existe la posibilidad de que haya restos de víctimas de la dictadura militar, por lo que hay todo un trabajo pericial por auxiliares judiciales requerido por la Justicia Federal, y la Universidad tiene ese rol», completó el rector.
Si bien no precisaron fecha de inicio de las tareas de exploración, Bonillo indicó que «es un trabajo que tiene su complejidad y su tiempo de acuerdo a las pautas de la justicia», aunque se realizará de manera «gradual previo a las obras y luego -si continúa- en la etapa de urbanización del sector», sostuvo.
Reclamos
En marzo de este año, activistas de derechos humanos alertaron sobre «la posibilidad de que se produzcan daños irreparables» en el predio del Ejército ubicado en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. Las entidades manifestaron en ese momento haber tomado conocimiento de que el Gobierno de Jujuy estaría utilizando maquinaria pesada en lugar, contrariando una medida de no innovar dispuesta el 20 de enero por el juez federal Esteban Hansen.
Afirmaron que existe «prueba documental y testimonial fehaciente que, antes y durante el terrorismo de Estado, se utilizó ese predio para el enterramiento clandestino de dichas víctimas». De hecho, el 8 de julio de 1976 fueron hallados en los predios del RIM20, más precisamente en el polígono de tiro ubicado en Alto Padilla, los restos de Dominga Álvarez de Scurta, luego enterrados como NN hasta que en 1984 se logró su identificación tras la exhumación ordenada por la justicia.
Los predios del RIM 20 no son los únicos alcanzados por la resolución del juez Hansen. La cautelar dictada en enero por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy protegía las zonas de Alto Padilla y Puesto Mendoza, ubicadas sobre la ruta nacional nº 9, pertenecientes respectivamente al Regimiento de Infantería 20 y al Grupo de Artillería 5, ambos del Ejército Argentino, hoy en poder de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Este no es el único sitio en el que se planteó un conflicto por obras iniciadas por el Gobierno que avanzarían sobre sectores en los que, se presume, persisten elementos y pruebas de la actuación del terrorismo de Estad en Jujuy, incluidos restos de víctimas de la represión.
La semana pasada, el juzgado federal N°1 de Jujuy ordenó la suspensión de las obras de demolición del sitio de memoria Comando Radioeléctrico, ubicado detrás del Cabildo provincial, donde el gobierno está construyendo una especie de paseo. Esta resolución, firmada por el juez subrogante Julio Bavio, dio respuesta positiva a una denuncia presentada por la agrupación H.I.J.O.S. con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se presentó como querellante en la causa penal.
La Justicia Federal ordenó la suspensión de las obras en el Cabildo de Jujuy