El documento quedó bajo el estudio de una comisión integrada por 10 diputados opositores y cinco oficialistas, presidida por el economista José Guerra y cuyo vicepresidente, Elías Matta, advirtió que el decreto deja abierta la posibilidad de crear un «corralito» bancario.
Dada la obligación legal de que la Asamblea se expida en ocho días corridos desde la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, «el jueves se dará el debate final y se tomarán las decisiones», anticipó el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, Julio Borges.
La reticencia opositora a aprobar el decreto se basa principalmente, según explicaron diversos voceros, en la falta de información oficial, la búsqueda de mayor poder por parte del gobierno y la falta de necesidad de una norma como esa para combatir la crisis económica.
«No podemos aprobar un decreto sin saber la realidad económica; que expliquen los números y las políticas a tomar, porque a simple vista parece que se quiere invalidar el control presupuestario y fiscal que debe hacer la Asamblea», afirmó Guerra.
En tanto, Matta sostuvo que «el gobierno no ha dado las cifras de la balanza comercial, no ha dado las cifras reales de las reservas internacionales del país, no ha dado las cifras de la caída del producto bruto interno, y estas informaciones son necesarias para poder evaluar bien el decreto».
Por ese motivo, se invitará a los titulares del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y la petrolera estatal Pdvsa, Eulogio del Pino, a que «informen» a la comisión «sobre la crisis económica», informó Borges.
No obstante, tanto Matta como Borges revelaron la poca predisposición opositora a aprobar el decreto.
«Se habla de inflación inducida y de precios ficticios; el artículo 4 del decreto es un corralito», dijo Matta, y añadió: «¿Restringir dinero para qué? ¿Con eso pretenden reducir la inflación? La gente ya no cree, la gente no es estúpida.»