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Cinco dirigentes sindicales azucareros de Ledesma y Miguel López, dirigente del PTS y periodista de La Izquierda Diario, presentaron el jueves su oposición a la elevación a juicio de una causa iniciada por una denuncia contra ellos que hizo el Ingenio a raíz de una huelga de trabajadores de 2015.
El pasado jueves, López, con el patrocinio de Maia Hirsch, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), presentó la oposición a la elevación a juicio de la causa armada por la empresa Ledesma durante la huelga de agosto de 2015 contra dirigentes sindicales del Sindicato de Obreros, Estibadores y Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail) y su persona.
En diálogo con El Submarino Radio (91.5), López analizó: “Está claro que la patronal está pasando por encima de derechos constitucionales como el derecho de huelga de los trabajadores y de libertad de prensa y expresión”.
En la causa penal se imputa a los trabajadores del delito de “turbación de posesión”, contemplado en el artículo 181 inciso 3 del Código Penal, trasladando un conflicto laboral a la esfera penal.
El periodista advirtió: “Hay que tener en cuenta que el Sindicato de Obreros de Ledesma tiene otra causa por la huelga del 2013, y otras de 2016, ya bajo el gobierno de Gerardo Morales”, e interpretó: “Estamos viendo en la provincia una situación en la que está siendo pisoteado el derecho a la expresión, al pensamiento, a la libertad de prensa, a las libertades democráticas”.
“Este gobierno provincial es un socio aliado de Ledesma, que es el poder real en la provincia, por el peso económico que tiene y la cantidad de tierras –continuó-. Timonea el barco de las figuras políticas, como Morales, que lleva adelante un régimen policial, al igual que con el anterior gobierno, donde en Libertador hubo muertos por pelear por tierras”.
La fiscalía 10 de San Pedro, a cargo de Silvia Del Valle Farral, es la que pidió la elevación a juicio de la causa. “No tienen pruebas, fundamentos ni descripción de los elementos delictivos que deben ser base de todo proceso penal”, indica la abogada en la presentación.
Hirsch señaló que «mientras Blaquier continúa impune tras el dictado de la falta de mérito en causas de probada responsabilidad, la justicia jujeña no escatima esfuerzos en perseguir y judicializar los legítimos reclamos de los trabajadores y quienes ponen su oficio en pos de difundir dichas luchas”.
“Este nuevo ataque se produce en medio de los cuestionamientos realizados por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, políticas y sociales ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación por el dictado de un nefasto precedente de aplicación de la Ley 24.390, conocida como 2×1, a genocidas condenados», agregó la letrada.
