Organizaciones de mujeres rechazaron el posible beneficio de arresto domiciliario que se le otorgaría a José Dávalos, condenado en 2019 a 13 años de prisión por la violación de una nena de 12 años que quedó embarazada producto de ese abuso. La casa del hombre está ubicada justo frente al de la familia de la pequeña.
El caso trascendió en enero de ese año, cuando se dio a conocer la situación de la niña a quien el sistema de Salud le negó la interrupción legal del embarazo a la que tenía derecho. Tras demorar la práctica, la nena dio a luz a una criatura que apenas sobrevivió pocos días por lo prematuro de su desarrollo.
Ahora se supo que el violador condenado inició los trámites para pedir que se le otorgue el arresto domiciliario, a través de una asistente social del Servicio Penitenciario que acudió a la casa de la niña y su familia a fin de realizar un informe social.
«La sola posibilidad de que el violador que tanto daño generó vuelva a estar en la casa frente a la de la pequeña trae los peores recuerdos, y los peores augurios también», remarcaron desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, y revelaron que la niña, actualmente, «padece regularmente los hostigamientos del sobrino de Dávalos, que vive en ese domicilio».
Desde esa organización afirmaron que «la presencia del violador en el vientre de la niña fue una tortura», y recordaron que por esas semanas el gobernador Gerardo Morales habló del tema en el programa de Mirtha Legrand «planteando, al margen de la ley, dar en adopción a un conocido suyo el bebé que ya habían decidido hacer nacer prematuramente con la intervención directa del Ministro de Salud».
Ahora, aseguran, «esa tortura se extenderá a la vida diaria de la niña, hoy adolescente, que por ser pobre no pudo irse aún del lugar más oscuro de sus recuerdos».
«Si no fuera pobre, su mamá ya hubiese llamado a un camión de mudanzas para irse de ese barrio donde, si bien su hija ha recuperado su vida amistosa, escolar y deportiva, la casa del frente fue el lugar del ataque sexual, y vecinas y vecinos desplegaron los rumores más crueles que una persona puede imaginar, donde hablar del infierno es acertado», agregan.
Dávalos estuvo preso menos de dos años y ahora tramita volver a su hogar. En este contexto, la Multisectorial advierte: «No vamos a permitirlo. La condena a prisión y el efectivo cumplimiento, es un derecho de reparación de las víctimas. No se trata de una condena por robo, donde lo que quedó es el susto. Nuestra niña, a quien el Estado adeuda su protección y disculpas después de tanto sufrimiento causado, tiene las cicatrices en su psiquis, en su piel, y en su memoria».
«El arresto domiciliario de Dávalos sería la muestra de impunidad que legitima más violencias, y será también, como proclaman desde el movimiento de mujeres, el primer paso al escarnio de quienes decidan seguir torturando a la pequeña y a su familia, concluyen.
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