El derecho a la educación es un principio fundamental, consagrado en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que busca asegurar la permanencia y el egreso de los estudiantes.
Este derecho, ratificado por la Ley de Educación Provincial N.º 5.563 y diversos tratados internacionales, es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.
Implica no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso de los/as estudiantes en el sistema educativo, asegurando la continuidad de sus trayectorias escolares aun en contextos de conflicto.
Ante la no asistencia de un sector docente por reclamos salariales y pese a que el Gobierno ha formulado propuestas de recomposición salarial y mantiene el diálogo abierto en paritarias, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad indelegable de garantizar que ningún/a estudiante vea interrumpido su proceso de aprendizaje.
En este marco, se activan mecanismos excepcionales y complementarios que permitan:
- Mantener las escuelas abiertas y en funcionamiento.
- Sostener el vínculo pedagógico con los/as estudiantes.
- Movilizar recursos humanos, tecnológicos y comunitarios para prevenir el rezago escolar.
- Asegurar la continuidad de los servicios alimentarios escolares, como parte integral del derecho a la educación.
La presencia del docente en la escuela es fundamental porque, *más allá de su función pedagógica, la escuela cumple un rol clave en el acompañamiento integral de niñas, niños y jóvenes, brindando abrigo, alimentación, contención y continuidad de aprendizajes* y contención social en el difícil contexto socio-económico nacional.
Las autoridades ministeriales manifiestan su “capacidad de dialogo con los docentes y la voluntad de sostener la educación pública como derecho y bien social”.