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El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley “contra el fraude de pensiones por invalidez”. La iniciativa endurece controles y fija que el derecho es solo para quienes no pueden trabajar, por lo tanto lo hace incompatible con cualquier empleo formal o inscripción laboral.
La iniciativa reduce el universo de beneficiarios, habilita suspensiones preventivas ante irregularidades y obliga a todos a reempadronarse. Quien no haga los trámites podrá ser dado de baja.
La iniciativa suspende las pensiones de manera «preventiva» ante cualquier inconsistencia. También elimina los adicionales por zona desfavorable y la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos específicos por invalidez laboral.
Mirada estigmatizante
La «Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» utiliza un pretexto razonable -evitar personas mientan para acceder al sistema de pensiones por invalidez- para aplicar algo que sería utilizado para estigmatizar a las personas que realmente viven con una discapacidad, además de desprotegerlas a ellas y a sus familias.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que el proyecto enviado por el Ejecutivo instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad.
“Lejos de dar respuestas, el proyecto desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo», expresaron en un comunicado.
La actriz Lola Berthet, madre de un niño con espectro autista, consideró que el gobierno de Milei “pone en riesgo las vidas del colectivo más vulnerable”.
“Mi hijo no es abstracto; las instituciones, hogares y escuelas están cerrando, y los medicamentos no llegan. No están cumpliendo con el espíritu de la ley ni con la dignidad básica de nuestro colectivo”, dijo en la AM 530.
Denuncia penal
En tanto, familiares de personas con discapacidad presentaron una denuncia contra Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
La presentación judicial también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
La denuncia contra Milei fue radicada en el Juzgado de María Eugenia Capuchetti. En el escrito advierten sobre «una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Andis , el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente».
Los cambios impulsados por el Ejecutivo
Empadronamiento obligatorio
El corazón del proyecto radica en un control exhaustivo de los beneficiarios actuales. La Secretaría de Discapacidad quedaría facultada para exigir un reempadronamiento obligatorio que deberá completarse en un plazo de 90 días (prorrogables por otros 30).
Aquellos titulares que no actualicen su información personal, socioeconómica y médica ante la Secretaría de Discapacidad sufrirán la suspensión automática del beneficio.
Auditorías de la Secretaría de Discapacidad
Para evitar irregularidades, se establece un sistema de auditorías periódicas que incluirá el cruce de datos masivo entre la Secretaría de Discapacidad, Anses, ARCA y el SINTyS.
Este mecanismo de fiscalización permitirá a la autoridad de aplicación dictar suspensiones preventivas ante la detección de cualquier inconsistencia documental o patrimonial que no encuadre en los nuevos requisitos de invalidez laboral.
Incompatibilidad laboral
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la modificación del criterio de compatibilidad con el empleo.
Mientras que la normativa anterior permitía que un beneficiario trabajara formalmente siempre que no superara los dos salarios mínimos, el nuevo proyecto de la Secretaría de Discapacidad declara la incompatibilidad total de la pensión con cualquier vínculo laboral formal.
Esto significa que acceder a un empleo registrado implicaría la baja inmediata de la asistencia estatal.
Cambios en los haberes
La Secretaría de Discapacidad ratifica que el monto de la pensión equivaldrá al 70% de la jubilación mínima, pero elimina facultades discrecionales que permitían aplicar aumentos adicionales por zona geográfica desfavorable o grados específicos de invalidez.
Con esta medida, el Gobierno busca estandarizar el gasto público y eliminar lo que considera distorsiones territoriales en la liquidación de haberes.
Nuevo esquema de financiamiento
El proyecto también redefine cómo se costean las prestaciones. Se elimina el artículo que obligaba a actualizar los aranceles médicos de acuerdo a la movilidad jubilatoria, otorgando mayor discrecionalidad al Ministerio de Salud para asignar partidas según disponibilidad del Tesoro.
La Secretaría de Discapacidad argumenta que la universalidad de la ley no debe implicar «homogeneidad de aranceles», sino un piso mínimo de calidad prestacional adaptado a cada jurisdicción.
Reforma de la Ley Salud Mental
La iniciativa ingresó acompañada por una reforma a la Ley de Salud Mental, que busca ampliar las facultades de intervención en prevención y rehabilitación.
Los dos últimos cambios implican un nuevo paradigma en la gestión de la Secretaría de Discapacidad, priorizando la sostenibilidad fiscal y la lucha contra presuntos fraudes por encima de la expansión de beneficios que caracterizó a las administraciones anteriores.
