el talar protesta

Reclaman que Ledesma cumpla con la Ley de Contrato de Trabajo

el talar protestaPor Pablo Waisberg. La azucarera que encabeza Carlos Pedro Blaquier, procesado por delitos de lesa humanidad, despidió hace siete meses a casi 200 trabajadores de El Talar. Hace 61 días que mantienen una protesta en el predio y reclaman que la empresa sea “solidaria” con los subcontratistas.

Trabajaron durante los últimos catorce años para Ledesma. Plantaron cañas, participaron de la zafra y de todo lo que necesitara la empresa de Carlos Pedro Blaquier en el pueblo El Talar, que está dentro del predio de la azucarera. Siempre fueron subcontratados a través de Adecco, Rural Power y Manpower.

 Esa situación cambió hace siete meses, cuando la compañía decidió cambiar la tarea manual de 180 trabajadores por cuatro máquinas. Hace 61 días se declararon en estado de “asamblea permanente” y mantienen una protesta dentro de la empresa pero sin impedir su funcionamiento.

 La semana pasada llevaron una carpeta al Ministerio de Trabajo y pidieron el cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo (20.774) que establece la solidaridad de la empresa para la que se presta servició.

 Además, denunciaron que una de las principales firmas azucareras mantiene cuatro rangos de trabajadores: los tercerizados, los eventuales, los temporarios y los de “planta permanente”. A este último escalón, sólo acceden unos pocos de los 560 operarios dan vida a El Talar.

 “Nos dijeron que cuando nos necesitaran nos iban dar trabajo. Pero los compañeros echados llevan trabajando entre ocho y catorce años para Ledesma en forma tercerizada. Nosotros teníamos un acuerdo con la empresa que era que cada año iba a ir tomando a una parte de los subcontratados y que para julio de este año no iba a quedar ninguno en esa situación pero un día rompió el acuerdo y metió las máquinas y los dejó afuera”, describe Juan Avila, delegado gremial de El Talar, a Infojus Noticias.

 Él es uno de los trabajadores que viajó a Buenos Aires junto a Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail). Fueron directo al Ministerio de Trabajo a denunciar la situación y a advertir que “la empresa está amenazando con desalojar la protesta”.

 En esa reunión, que se mantuvo la semana pasada, los representantes sindicales detallaron que Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (LSAA) mantiene varias categorías de trabajadores.

 Están los tercerizados, que no son parte de la empresa, luego los eventuales, que tienen trabajo por tres meses, luego los temporarios que tienen trabajo durante once meses y, por encima de todos ellos, los “planta permanente”. Esos últimos tienen la mejor situación laboral.

 “Nosotros nos dimos cuenta de que muchos compañeros no figuran ni en ANSeS ni en AFIP. Les hacen descuentos pero no sabemos a dónde van”, señaló Avila, que tiene 40 años y hace 19 de trabaja para Ledesma, 14 como tercerizado y cuatro como temporario.

 Lo que Ledesma reemplazó fue el trabajo en el surco, que hacían los trabajadores manualmente. “Salía un tractor arrastrando un remolque lleno de cañas de medio metro, arriba iban seis compañeros que nos tiraban las cañas y nosotros las acomodábamos en el surco. Después pasaba otra máquina que las tapaba”, describió Franco López, de 39 años. Es uno de los cesanteados y durante los últimos ocho años estuvo trabajando como tercerizado. “Soy plantador de caña y no me opongo a las máquinas ni a la tecnificación pero tengo antigüedad trabajando en Ledesma y no pueden desconocer eso de un día para el otro. Tenemos familias, somos de ahí”, explicó.

 La empresa que encabeza Blaquier, quien fue procesado por el secuestro de trabajadores de en 1976, es una firma nacional con más de 7.300 empleados y produce casi el 20 por ciento del total del azúcar argentino. También lidera el negocio del papel y tiene peso en los mercados de alcohol, bioetanol, carne, cereales, cítricos y jarabe de maíz. Parte de su negocio está construido en base a la subcontratación de personal: eran 180 en El Talar, donde tiene 560 operarios permanentes.

 Para el funcionamiento de la planta estableció relaciones comerciales con Rural Power, una compañía del grupo Manpower dedicada específicamente al segmento rural. Esa firma fue denunciada en 2012 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque “trata de personas” en Salta, donde empleaba trabajadores para Monsanto.

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