Reducen a la mitad la ayuda económica a mujeres que sufren violencia de género

El Gobierno nacional redujo de 6 a 3 meses la ayuda económica para mujeres que sufren violencia de género. Además, para acceder a ese beneficio será obligatorio hacer la denuncia policial y acreditar la situación de riesgo mediante «un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias».

La medida se hizo oficial a través del decreto 755/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, que introduce algunos cambios al programa original. Se trata de un paso más en el desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas destinadas a proteger a las víctimas de violencia.

El Programa Acompañar, creado en 2020, prevé otorgar un salario mínimo vital y móvil a mujeres en riesgo, lo que les permite alejarse del entorno agresivo en el que viven. Hasta ahora, esa ayuda se otorgaba por seis meses. Desde hoy, se reduce a tres.

Por otro lado, se suma una serie de requisitos para quienes pidan ayuda, como la obligación de hacer la denuncia policial. Esto implica un riesgo en sí mismo para las mujeres que sufren violencia, porque mientras no puedan alejarse del agresor -la mayoría de las veces por falta de recursos económicos- o no se disponga la expulsión del violento del hogar, quedan aun más expuestas a ataques o agresiones.

Anteriormente, para acceder a la asistencia económica bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias, sin necesidad de hacer denuncia judicial o policial.

Desmantelamiento

A principios de junio, el Gobierno oficializó el cierre definitivo del área de Mujeres, Género y Diversidad, que durante la gestión de Alberto Fernández tuvo jerarquía de ministerio.

Tras asumir, el presidente Javier Milei transformó ese ministerio en una subsecretaría, que quedó bajo la órbita de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Meses después, se cerró definitivamente el organismo con el argumento de que “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”.

El decreto

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