En medio de un clima de sospechas de un posible fraude en las elecciones provinciales del domingo, el frente Unidad para la Victoria le pidió al presidente Alberto Fernández que busque la manera de realizar una fiscalización. Fernando «Nando» Acosta, candidato a diputado provincial en tercer lugar, quien estuvo en la reunión con el Presidente que se hizo en Salta la semana pasada, reveló que el planteo «le llamó la atención», pero que los argumentos que le ofrecieron «son contundentes». Si bien no hay antecedentes de veedurías electorales dentro del país, Fernández les dijo «que iba a tratar de al menos acompañar la necesidad de que haya controles».
Con una extensa actuación en el campo sindical, Acosta se postula ahora para ocupar una banca legislativa para impulsar «leyes que sirvan a la clase trabajadora» y «empezar a crear las condiciones para sacarle el gobierno de las manos a estas diez familias en 2023», expresó en diálogo con el programa Día6 (FM Conectar 91.5).
-¿Cómo evalúa el clima electoral de la provincia?
-Es una situación complicada desde lo sanitario. Y en ese marco no se ve que haya garantías de transparencia, hay una gran posibilidad de avanzar sobre un fraude electoral. Desde el Tribunal Electoral y quienes lo integran, que van a manejar el proceso electoral, totalmente sospechados. Toda la situación es complicada. Pero por otro lado hay muchísima gente que va a querer aprovechar para terminar con esta forma de manejar la provincia, con negocios grandes que enriquecen a pocos, con pobreza y sometimiento generalizados, con autoritarismo que solo puede servir para garantizar la impunidad de los que hacen esos negocios. Hay un hartazgo de esta forma de gobernar y esperamos que se exprese en estas elecciones.
-¿En qué se basan las sospechas de un posible fraude?
-Arrancando de la idea de la convocatoria, en este momento. No estaba en los planes de nadie. Vamos a gastar 1200 millones de pesos cuando hay necesidades y deudas con el pueblo. Y la composición del Tribunal Electoral, que saca todas las resoluciones a favor de los intereses del gobernador. El presidente, Federico Otaola, fue compañero de fórmula de Morales. Y sus resoluciones son favorables a Morales y también a su socio Rubén Rivarola, dentro del peronismo, cuando aprobó el uso del nombre y el color para estas elecciones. Por otro lado, que actúe la policía provincial, que es la misma policía que por traer coca de contrabando trajo a la pandemia a Jujuy, la misma policía que reprimió en Campo Verde, que hace escuchas y se dedica a perseguir. Y el sistema informático, que también está en manos de una empresa vinculada a familiares del gobierno radical. Es un montón de cuestiones que dan pautas de que no hay garantías. Por eso, cuando estuvimos con el presidente Alberto Fernández en Salta le pedimos alguna forma de veeduría, de fiscalización de los procedimientos, que ya le había solicitado a través de una nota el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri.
Los candidatos Acosta, Cejas, Palmieri, Cruz y Martiarena con el presidente Alberto Fernández
-¿Qué les contestó el Presidente?
-Dijo que iba a ver la forma, porque no hay antecedentes de veedurías internas; que iba a tratar de al menos acompañar la necesidad de que haya controles.
-¿Se sorprendió con el planteo?
-Le llamó la atención. Los argumentos que ofrecimos son contundentes. Recordemos que en 2017 en Libertador habían ganado los candidatos de Jayat y cuando a raíz de presentaciones y movilizaciones populares se abrieron las urnas, quedó demostrado que había ganado el FIT. Es decir que si no se hacía escándalo, ellos quedaban manejando el resultado. Como también manejaron que Gastón Remy no asuma su banca en la Legislatura, o las sanciones a Alejandra Cejas.
-¿Cómo se preparan ustedes para el domingo?
-La decisión es participar, por supuesto, controlar lo más que podamos y convocar a que se vote. Acá está el doble juego de tapar todo lo sanitario, la cantidad de muertos, los contagios. Como hicieron con la vacunación, que escondieron 80 mil vacunas para usarlas después mientras siembran el miedo para que la gente no quiera ir a votar por temor.
-¿Qué perciben en el humor de la gente en esta campaña?
-Hay más interés en un montón de otros problemas que en el tema electoral. Está claro que lo más importante es que logremos vincular que el destino de esas políticas que muchísimos repudian se resuelven también en las elecciones. Encontrar esa vinculación dialéctica entre las elecciones y las políticas que se llevan adelante. Es importante instalarlo un poco más para que haya más interés. Lo que ocurre es que hay un descreimiento muy grande. Lo que pasa es que el acuerdo, pacto, alianza o sociedad entre Gerardo Morales y Rubén Rivarola no solo genera daño en lo económico, por lo que nos cuestan a toda la provincia estos negocios y las políticas en salud, educación y calidad de vida, sino que también castigan en lo anímico porque quiebran la credibilidad del sistema político. Muchos terminan creyendo que son todos iguales y la verdad es que no somos todos iguales.
-En las últimas semanas hubo algunas novedades en la situación judicial de Milagro Sala. ¿Qué lectura hace?
-Es muy grave, porque todo esto tiene que ver con la libertad y la vida de la gente. Por eso es grave utilizar la mentira y la judicialización en ese sentido, pero también es un mecanismo para tratar de acercar simpatías o votos. Lo que hace este gobierno con denuncias falsas e inventadas es tergiversar la realidad, manipularla para que quede que la víctima es el gobierno. Pero lo han hecho también con un ‘acting’ sobre la gran compra de un millón de vacunas, diciendo que estaban preocupados por la salud, y resulta que los tipos las estaban escondiendo para usarlas estos días, para mostrar que se ocupan, mientras habían dejado a la intemperie a la población.
-¿Les da resultado?
-Yo noto que ya no se le cree al gobierno. El mensaje que más recibimos es que se dejen de jorobar y que dejen de mentir y meter excusas para no hacer lo que deben hacer. Eso nos plantea una exigencia a los candidatos, nos dicen ocúpense de lo que hay que ocuparse. Por eso creo que es importante la vinculación de la cosa electoral con lo que vivimos. Porque, ¿para qué nos metemos en esto si no es para transformar la realidad?
-Usted ha actuado siempre en el campo sindical. ¿Qué significa acceder a una banca en la Legislatura?
-Hay tres aspectos. Uno fue ver la necesidad de transformar la realidad, romper con esta alianza de negocios y poder que tiene un grupito reducido que ha gobernado siempre, a veces en el gobierno y a veces en la oposición, pero siempre fueron las mismas familias. Eso vinculado al malestar general que genera el enorme bienestar de ese pequeño grupito. Y está la idea del aporte desde el punto de vista sindical sobre los derechos de trabajadores, la necesidad de resolver el problema del trabajo. Del empleo, en realidad. Porque trabajo sobra, pero no lo pagan. Hay gente con recibo de sueldo pero hay muchos más que trabajan pero no tienen un sueldo, dependen de changas, los vendedores. Entonces se trata de evitar la explotación. Y también evitar la utilización del empleo público para hacer política. Los trabajadores perdieron más de la mitad del valor de su sueldo, esto también es producto de que algunos sindicatos no pelearon lo que deberían haber peleado. Esa plata que no está en trabajo, en salud, en educación, fue a la mano de esas familias y de las grandes empresas asociadas. El aporte nuestro está vinculado a eso, a impulsar leyes que sirvan en mi caso a la clase trabajadora y acompañar las leyes que tengan que ver con las necesidades del pueblo en general. Y empezar a crear las condiciones para sacarle el gobierno de las manos a estas diez familias en 2023. Va a ser una oportunidad muy grande del campo popular la de entrar con un montón de gente que en serio quiere y puede cambiar las cosas en la provincia.
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