El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El abogado laboralista Julián De Diego, redactor del proyecto, criticó la «ignorancia» de senadores oficialistas y amigables sobre el contenido de la norma. Además, alertó que un cambio de último momento permitirá pagar solo el 75% del sueldo en casos de enfermedad.
El debate por la Reforma Laboral sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones del abogado Julián De Diego. El letrado, quien participó activamente en la elaboración de la propuesta, aseguró que existe un desconocimiento total en el Congreso: «La mayoría no la leyó; mal pueden hablar de algo que desconocen. Están en mora con este tema», disparó en diálogo con TN.
La advertencia por el recorte del 25% en los haberes
El punto más crítico de su exposición fue la advertencia sobre una modificación que se introdujo a último momento y que afecta directamente el bolsillo del trabajador. Se trata de los casos de «enfermedades inculpables» (aquellas ajenas a la voluntad del empleado y fuera del ámbito laboral).
«Se está hablando de que el trabajador recibiría el 75 por ciento del salario. Ese artículo merece una revisión porque si se aplica, el perjudicado va a tener problemas hasta para comprarse la medicación», explicó De Diego, vaticinando que esto provocará un aumento inmediato de la judicialización.
Desmitificando las horas extras y vacaciones
Para el especialista, gran parte de la polémica en las calles se debe a una «ficción», ya que muchas de las medidas que hoy se discuten están vigentes desde hace décadas:
- Banco de horas: El sistema de trabajar jornadas extendidas a cambio de días de descanso existe desde 1991.
- Vacaciones: El fraccionamiento de la licencia ya tiene 30 años de vigencia y De Diego aclaró que es «de común acuerdo», desmintiendo que sea una imposición compulsiva del empleador.
Sin retroactividad en los despidos
Finalmente, el abogado llevó claridad sobre la aplicación de la nueva normativa en caso de sancionarse: «Las leyes no pueden tener efecto retroactivo». Esto implica que para cualquier proceso de despido se deberá aplicar la norma que estaba vigente al momento del hecho, protegiendo así los derechos adquiridos bajo la ley anterior.
