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La CGT presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII en la causa contra el Estado por la reforma laboral. La central obrera solicitó la nulidad de la sentencia del 23 de abril, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El reclamo surge luego de que los camaristas otorgaran efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, dejando sin efecto la medida cautelar del juez Raúl Horacio Ojeda que frenaba la aplicación de la nueva ley. El escrito presentado por el abogado Pablo Arnaldo Topet denuncia parcialidad de los jueces y falta de competencia funcional de la Sala VIII.
La recusación contra el juez Víctor Arturo Pesino se fundamenta en que el magistrado fue beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo tras cumplir 75 años. Según la CGT, esta situación constituye una causa objetiva de apartamiento por el beneficio recibido del Poder Ejecutivo.
Argumentos de la nulidad
El planteo de nulidad absoluta se basa en la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La CGT sostiene que la Sala I de la Cámara ya había prevenido en causas acumuladas y debía absorber el trámite, por lo que la intervención de la Sala VIII fue irregular y obstaculizó la defensa efectiva.
Asimismo, recusaron a la magistrada María Dora González por prejuzgamiento, al considerar que los jueces adelantaron opinión sobre la vigencia de la reforma sin reconocer la situación de vulnerabilidad de los trabajadores involucrados ni la naturaleza alimentaria de los derechos laborales.
Reserva de caso federal
Como vía subsidiaria, la central obrera interpuso un recurso de reposición argumentando que la aplicación inmediata de las normas cuestionadas daña derechos constitucionales vinculados a la libertad sindical y la protección ante despidos.
La presentación cierra con la reserva de «caso federal» para acudir ante la Corte Suprema de Justicia por la lesión de derechos fundamentales. La CGT advirtió que, de no obtener respuestas en la justicia local, recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales de derechos humanos.
