Este proceso se ocupa de los hechos ocurridos el 7 de octubre de 1976, cuando un grupo de presos políticos que estaban alojados en el penal de Villa Gorriti de la capital provincial fueron trasladados a las cárceles de La Plata y Villa Devoto.
Entre los detenidos trasladados había trabajadores del ingenio Ledesma, vecinos y estudiantes de Libertador Gral. San Martín, Calilegua y El Talar, y mineros de El Aguilar. Entre ellos estaban el exintendente de Libertador, Luis Aredez, y el minero de El Aguilar, Avelino Bazán.
En aquel viaje de horror los detenidos fueron humillados, golpeados, torturados y vejados por los penitenciarios que estaban al frente del operativo. Así lo relataron los testigos víctimas que revivieron esos momentos al dar testimonio ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente de trámite), Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz.
Durante las siete audiencias que se desarrollaron en la primera parte del juicio, antes del receso del verano, se escucharon expresiones como “Recé para que se cayera el avión y no nos torturen más”, y quedó firme que además de los castigos y las humillaciones, los represores cometieron simulacros, abriendo la escotilla del avión y diciendo cosas como “en qué lugar lo vamos a tirar”.
Los imputados en este juicio son 13, un exoficial del Ejército, Domingo Horacio Marengo, y 12 exagentes del Servicio Penitenciario: Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc. Todos están procesados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “torturas y tormentos».
Al dar testimonio, Marengo se definió como «un preso político” y mantuvo el pacto de silencio, como han hecho todos los represores en cada ocasión en que se sentaron frente a un tribunal. También calificó de “absurdo” el proceso judicial: “Es una entelequia y mi cautiverio no corresponde», aseguró.
El Ministerio Público Fiscal está representado por Francisco Snopek y Pablo Pelazzo; la querella de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Andrea Lupiañez y María José Castillo, por la querella de Hugo Condorí y Eblogia Cordero de Garnica el abogado Ariel Ruarte, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación María José Castillo. La defensa de los represores está representada por los abogados Matías Gutiérrez Perea, María Retondo y María Nager.