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La Cámara de Diputados aprobó el Régimen Transitorio de Regularización del Transporte Compartido de Personas por Automotores y luego de la sanción, el bloque de legisladores justicialistas rechazó la iniciativa, porque no tuvo el debate necesario ni el tiempo suficiente para ser analizada por la oposición.
El diputado justicialista Alberto Matuk fue uno de los legisladores que explicó por qué su bancada no acompañó el proyecto del Ejecutivo provincial.
“Este es un tema que requería un estudio pormenorizado y una discusión mucho más profunda, donde las partes involucradas necesitaban exponer sus particularidades y dar su opinión. Había que satisfacer por lo menos cuatro o cinco patas que conforman esta problemática. Y cada una de ellas tiene intereses encontrados”, expresó al explicar por qué no se había acompañado la propuesta oficial desde la bancada justicialista.
“Creo que es una temática muy compleja y que cualquier definición que se adoptara iba a terminar perjudicando a unos y beneficiando a otros”, acotó al recordar que cuando en el anterior gobierno se encontraba a cargo del Ministerio de Gobierno había tratado de lograr un consenso entre todas las partes involucradas en la actividad, “pero no fue posible”.
“Hoy, a dos años de aquel intento, esta situación se encuentra aún más grave todavía”, opinó, a la vez de remarcar que la posición de su Bloque se basaba en la necesidad de evaluar el tema de manera más exhaustiva y puntillosa, sin dejar nada librado al azar. “Cuando se trató este proyecto y fue aprobado como Ley expusimos que se requería más tiempo de análisis y la participación de todos los actores, pero esto no pudo lograrse”, añadió.
Matuk sostuvo que una ley que regule esta actividad tiene que aceitar los controles y mejorarlos, aunque precisó que cuando se intentó en su momento instrumentar un mecanismo compartido entre la Policía de la Provincia y Gendarmería, “pero se presentaron algunas dificultades como la negativa de la fuerza de seguridad nacional que aducía no tener autorización del nivel central, y ahí quedábamos truncos en nuestro objetivo”.
Más adelante, le auguró a esta nueva Ley una seria dificultad para su cumplimiento. “No va a ser sencillo llevarla a la práctica porque es un tema muy sensible, sobre todo en un Jujuy donde la informalidad es una forma de vida, porque en el tema del transporte interjurisdiccional se estima que son cerca de dos a tres mil familias que viven de esto”, reflexionó.
“Y esto es lo más grave de todo. Porque hay que preguntarse qué se va a hacer con esta gente. No va a ser fácil, porque a este tema hay que entenderlo. Además no hay una estadística certera que indique por ejemplo la cantidad de autos que prestan este servicio en Jujuy y ese es uno de los primeros pasos que se deben dar”, enfatizó.
