El Poder Judicial de Jujuy mantiene fragmentados los expedientes por la violencia institucional ejercida en 2023 para reprimir las protestas contra la reforma constitucional. La abogada querellante Alejandra Cejas afirmó que el objetivo es garantizar la impunidad de los funcionarios políticos, denunció que no tienen acceso a los expedientes y reveló que no permiten que Amnistía Internacional se presente como amicus curiae.
Mientras las comunidades originarias marchan desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, adonde arribarán este jueves, la abogada querellante Alejandra Cejas actualizó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) la situación de las causas judiciales iniciadas contra el Estado provincial por los hechos de violencia institucional de hace tres años.
«La reforma constitucional del 2023 trajo aparejada un haz de denuncias, de imputaciones por parte del Estado y de ciudadanos al Estado -repasó-. Hay por lo menos ocho causas; algunas ya prescribieron por las figuras que se llevaron adelante, otras están en curso, otras están con impugnación. Yo en algunas soy defensa, en otras soy querella. Estoy en seis causas vinculadas a la reforma constitucional, que empezaron el día 16 de junio del 2023».
Al ser consultada sobre los motivos que llevaron a la división de los expedientes, Cejas fue categórica: «Las separaron porque si se unifican, hay un solo responsable, Gerardo Morales».
La estrategia, según describió, consiste en dividir los expedientes «buscando o simulando buscar a los responsables, pero en realidad hay un hilo conductor, que es quien toma las decisiones, quien paga y quien da las instrucciones, porque el jefe de la policía es el gobernador».
Respecto de las actuaciones del fiscal Diego Funes y el juez Rodolfo Fernández, la letrada denunció el hermetismo reinante en los tribunales. Hasta donde se pudo saber, el único funcionario político que estaba imputado era Diego Suárez, quien se desempeñaba como secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, y una treintena de efectivos policiales.
Pero es imposible tener precisiones. «No nos dan acceso a la totalidad del expediente, ni le han dado acceso a Amnistía Internacional, que se presentó como amicus», reveló Cejas.
En abril último, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación, en calidad de “amigo del tribunal” en tres causas judiciales que investigan las graves lesiones sufridas por Liam Lamas, Ernesto Aguirre y Joel Paredes, quienes perdieron la visión de un ojo durante la represión de las protestas de junio de 2023. Hasta ahora, no hay respuesta por parte del MPA.
Cejas analizó: «Lo que sucede es que desentrañar la situación de lo que ha pasado en el junio y julio del 2023 implica empezar a entender la responsabilidad del Estado en lo que pasó. El demandado para nosotros es el Estado Provincial, y no es relevante la figura de quien esté a cargo del gobierno hoy».
«Se ha generado mucho daño. Hay víctimas que han perdido la vista, hay víctimas que han resultado con heridas de bala de importancia, hay víctimas regadas por toda la provincia de Jujuy», remarcó Cejas.
La abogada profundizó sobre la falta de avances contra los responsables políticos: «La justicia tiene que intervenir respecto de los funcionarios políticos que actuaron y que decidieron, empezando por Gerardo Morales. Porque en las causas del 17 y 20, fundamentalmente, que es donde más heridos resultaron, la mayoría de los imputados son policías de la provincia, y no con cargos de comisarios, sino jefes policiales de rangos bajos. Y todos sabemos que la policía no va sin autorización».
«Alguien dio la orden, alguien preparó la logística, alguien les dio armas, alguien los vistió, les pagó el sueldo, les pagó los adicionales…», completó.
Para graficar el nivel de complicidad, la querellante recordó una de las pruebas centrales aportadas: «¿Quiénes dieron la orden? Hay un video muy famoso donde están Álvarez García, Rondón, Suárez, Zigarán y un grupete, todos del gobierno. Van al corte de Purmamarca a incitar, funcionarios políticos de esa envergadura, a entregar panfletitos, a generar este enfrentamiento. Después lo ves a Suárez que se pone un casco y sale a dispararle a la gente. Si eso no amerita una investigación penal, una imputación, un proceso, un análisis de lo que ha pasado ahí, la verdad que no sé qué es lo que amerita en un proceso penal. Este video está incorporado en la causa. Se ve el momento en el que se da la orden de salir a disparar a vecinos indefensos en la ruta. Y después se ve la balacera».
Finalmente, al reflexionar sobre la inacción judicial, concluyó: «La justicia no avanza para garantizar impunidad. Cuando la justicia mira para otro lado es porque hay impunidad. La impunidad de los que ellos quieren, sea quien sea, sea Morales, sea el jefe de policía, sea el gobernador. El problema es que no hay acceso a la justicia para quienes defendemos a las víctimas».
Y concluyó: «Siempre pienso que acá en Jujuy está distorsionado el sentido de la seguridad. Yo no puedo estar sustentando un gobierno al cual le pago para que me mande la policía a dispararme».
Amnistía se presentó en la justicia como “Amicus Curiae” por la represión en Jujuy