El 12 de enero de este año, en el marco de la competencia del Dakar, el circuito pasó por una comunidad que tiene título de propiedad comunitaria sin pedir permiso. En diálogo con El Submarino, Armando Quispe, uno de los imputados, explicó: “El rally es una actividad que tiene sus motivos, pero nosotros queremos hacer respetar nuestro derecho. Hay leyes nacionales e internacionales que reconocen en el derecho de las comunidades, y si el Estado quiere hacer una actividad en territorio de la comunidad, debe recurrir al consentimiento libre, previo e informado”.
Por entonces, la comunidad pidió informes al Gobierno, y al no recibir respuesta decidió realizar un corte de ruta. “Fuimos reprimidos por la infantería y además fuimos imputados. Y hoy nos tenemos que presentar en el juzgado para que nos den a conocer la causa. Según las notificaciones, la causa sería por atentado a la autoridad doblemente agravado por la cantidad de personas”, explicó.
Los comuneros imputados niegan que haya existido tal agresión. “Nosotros fuimos los agredidos, y cuando intentamos escaparnos nos tiraron al piso. Fue muy fuerte. Nueve hermanos fuimos detenidos, siete varones y dos mujeres”, relata. Entre los detenidos estuvo incluso el intendente de El Aguilar, que fue liberado por los fueros. “Hoy nos encontramos en esta situación en la que el estado que nos reprimió nos denuncia”, se lamenta Quispe.
El dirigente comunitario advierte: “Acá se vulnera el derecho de la sociedad en general. Las multinacionales que organizan el Dakar tienen el derecho de hacer lo que quieran en el territorio, y esto es un atropello a los derechos de toda la sociedad”.