El rechazo de estos pedidos constituye, no sólo un privilegio inaceptable para favorecer aquellos poderosos sino también una extraña e inexplicable situación procesal jurídica para ocultar con tecnicismos, un sobreseimiento implícito bajo el ropaje jurídico.
Estas medidas de Casación apuntan a beneficiar a estos presuntos criminales de lesa humanidad frente a una gran cantidad de prueba aportada por nuestros testigos víctimas que esperaban poder exponerlas y ratificarlas en un juicio oral y público, que por derecho corresponde a las partes. Queremos confiar en una Justicia que evite la inequidad social que es una clave jurídica.
Las innumerables dilaciones en las causas, las imputaciones defensistas contra las querellas y organismos de DD.HH, las nimias imputaciones ofensivas y destrato contra el Fiscal, Pablo Pelazzo, los razonamientos jurídicos sesgados, las falacias y argumentos rebuscados, contradictorios y ofensivos a nuestra condición de víctimas y el propósito de desvincular a los empresarios Blaquier y Lemos de estos hechos dolorosos que acarreamos mas de cinco años desde la instrucción de la causa La Noche del Apagón, configuran una clara cadena de obstáculos premeditados que dejan en evidencia las redes de solidaridad latentes con el sector empresarial-dictatorial, de los jueces camaristas, Juan Carlos Geminiani, Eduardo Righi y Gustavo Hornos,- desde la dictadura y el cinismo con el que actúan.
Las víctimas, los organismos de DD.HH, las organizaciones sociales y los militantes por la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos encontramos en un momento de incertidumbre y de angustia, en un camino que vuelve a tornarse incierto, y no es solo por la evidente parcialidad de la Cámara de Casación, que con sus fallos se muestra renuente a juzgar a los responsable económicos del Terrorismo de Estado a la que denunciamos por el intento de imponer nuevamente el camino de la impunidad, sino también porque vemos igual conducta de una parte del Poder Judicial que es impermeable ante la tragedia padecida y el hostigamiento continuo que sufren las familias de los desaparecidos, los sobrevivientes y las victimas del Terrorismo de Estado.
Nuestra lucha no se detiene, exigimos a la Corte Suprema de Justicia que ampare nuestros derechos mediante un juicio justo oral y público como lo consagran los mandatos constitucionales vigentes en este estado de derecho.
VERDAD / MEMORIA / JUSTICIA