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Periodistas de la provincia, organizaciones sindicales, de derechos humanos y referentes políticos manifestaron su rechazo ante el robo y atropello sufrido por la comunicadora Mariana Mamaní en su vivienda el pasado viernes. El hecho, que constituye una maniobra directa de amedrentamiento hacia el ejercicio de la profesión, provocó una exigencia unánime al Ejecutivo provincial para que se preserve de manera urgente la integridad de la trabajadora de prensa y de su entorno familiar.
La gravedad del episodio radica en las características con las que se perpetró el ataque, registrado en coincidencia con un corte de energía eléctrica en la zona. Del domicilio de la periodista únicamente sustrajeron una computadora y una cámara fotográfica, herramientas esenciales para su desempeño laboral diario, dejando intactos otros objetos de valor y dinero en efectivo. En un claro mensaje intimidatorio, quienes ingresaron dejaron colocada sobre la mesa de trabajo de la profesional un ejemplar de la Constitución provincial reformada en 2023.
Exigencia de garantías de seguridad y esclarecimiento urgente
Las muestras de solidaridad y repudio llegaron a través de la organización Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, y el sindicato docente CEDEMS, entre otros espacios colectivos. Desde las organizaciones encuadraron el ataque como una represalia directa a la agenda de cobertura que sostiene Mamaní, fuertemente ligada a los derechos humanos, conflictos de tierras, reclamos de comunidades originarias y problemáticas de género.
Los distintos bloques demandaron la intervención del Gobierno y el inicio de una investigación penal inmediata y eficaz para dar con los responsables del hecho. Las entidades y colegas recalcaron que este tipo de maniobras mafiosas atentan de forma grave contra las libertades democráticas y buscan silenciar las coberturas independientes dentro del territorio jujeño.
