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Mientras los gremios jujeños intentan forzar una reapertura de paritarias, un nuevo cachetazo judicial llega desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar presentada por la CGT para frenar la aplicación de la reforma laboral, dándole vía libre al Gobierno para avanzar con su plan de «modernización».
La decisión judicial desestima el pedido de suspender artículos críticos de la Ley 27.802, argumentando que no existe un «perjuicio irreparable» inmediato y que la discusión de fondo debe seguir su curso normal sin frenar la norma. Esto significa que, por ahora, el nuevo esquema laboral sigue plenamente vigente.
Los puntos que la Justicia dejó en pie:
- Chau multas: Se mantiene la eliminación de sanciones para empresas que no registraban correctamente a sus empleados, un punto que la CGT califica como «incentivo a la negrería».
- Huelgas bajo control: Se ratifica la obligación de garantizar hasta el 75% de servicios mínimos en salud y transporte, y un 50% en actividades «trascendentales» como la minería y la alimentación, rubros clave en la economía de Jujuy.
- Caja sindical en la mira: Los empleadores ahora solo podrán retener cuotas sindicales si el trabajador da su consentimiento expreso, tocando directamente el financiamiento de las centrales obreras.
Escenario caliente
El fallo es un espaldarazo político para la gestión de Milei y una derrota táctica para el sindicalismo que, en provincias como la nuestra, viene denunciando que «los trabajadores son la variable de ajuste».
Desde la conducción nacional de la CGT ya confirmaron que apelarán la medida, pero el daño político ya está hecho: la reforma avanza y los gremios se quedan sin su principal escudo legal justo cuando el salario real toca pisos históricos.
