La ministra de Educación, Isolda Calsina, reunió a funcionarios de todas las áreas involucradas en el proceso de revisión de las instituciones educativas de gestión privada y social, para preparar un informe que le presentará al gobernador Gerardo Morales.
“El objetivo que tenemos es garantizar que cada institución educativa de gestión privada y social tenga un control administrativo, edilicio y contable que permita su habilitación y, posteriormente tenga un control pedagógico”, explicó la titular de la cartera educativa.
Agregó que «otra de las metas trazadas es generar canales que permitan agilizar los trámites y dejar sin efecto prácticas que se naturalizaron desde hace años y que posibilitaban el funcionamiento de instituciones sin ningún control», sin especificar cuáles serían esas prácticas.
Lo que sí dijo es que que instituciones como jardines maternales y Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos (CEIJA) no están habituadas a presentar la documentación que exige la normativa vigente, ni siquiera de las personas que hoy están reclamando la continuidad de sus cargos.
Detalló los requisitos a los que se refiere, que están previstos en el Decreto 3308: personería jurídica, inscripción en la Afip, constancia de CUE, proyecto educativo, informe técnico pedagógico de supervisión, declaración jurada de cargo, título e inscripción en la Junta Calificadora de los docentes, resolución del año anterior de los cargos otorgados y habilitación presupuestaria de cargos, entre otros.
La ministra recordó además que toda esta información debe ser presentada antes de junio del año anterior, lo que no se cumplió. De todos modos, no dio precisiones sobre las medidas que podría tomar el gobierno frente a estas irregularidades, sobre todo en lo referente a los alumnos que asisten a esos establecimientos, que, en definitiva, no son responsables de las desprolijidades.