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Un fallo reciente de la Justicia laboral de Roca obligó al Estado provincial a pagar 1,3 millón de pesos a una portera y a liquidar su sueldo de otra manera, llevando la cifra final a más del doble de la percepción actual. La importancia de la sentencia, más allá del caso particular, es que generará una fuerte presión para el gobierno actual y el siguiente, porque se reconoce el derecho a cobrar antigüedad y zona desfavorable a partir de todos los ítems que componen el recibo y no sólo en función de las sumas remunerativas y bonificables.
La resolución -que quedó firme- fue firmada por los jueces de la Sala I de la Cámara del Trabajo de Roca, Paula Bisogni, Nelson Peña y José Luis Rodríguez. En forma unánime, los magistrados declararon “bonificables” y “remunerativos” los adicionales 1989/05, 1142/11, 237/14, 473/14 y sus modificatorias en la causa iniciada por una trabajadora de una escuela, con el patrocinio del gremio ATE.
En el escrito se advirtió que los adicionales otorgados durante estos últimos 20 años como no remunerativos y no bonificables en realidad tienen un monto muy superior al sueldo básico, y paradójicamente, son la porción principal de la remuneración, con lo cual “se ve desnaturalizado el concepto de sueldo básico y de adicionales”.
Ante esa situación, la Cámara planteó que “la naturaleza jurídica de los adicionales en cuestión se define por su intrínseco carácter remuneratorio y no guarda relación alguna con la edad del agente”.
De esta manera, se dejaron en segundo plano las edades mínimas exigidas por la Ley 4.640 (50 años para las mujeres y 55 años para los varones), a partir de las cuales los trabajadores podrían pedir que todos los componentes de sus salarios sean remunerativos.
En ese punto está el dilema central que representa este antecedente hacia el futuro, porque otros trabajadores podrían reclamar en forma individual que sus haberes se liquiden bajo las mismas pautas.
El escenario podría derivar entonces en una lluvia de juicios, que el presupuesto provincial no está en condiciones de soportar.
La Cámara Laboral se basó en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (caso Yanca) y en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, que estableció los criterios para determinar el carácter “bonificable” y “remunerativo” de las sumas salariales.
“En principio, todo valor percibido por el trabajador en el transcurso de la relación laboral subordinada constituye remuneración, careciendo de importancia la denominación que las partes le den a las sumas que se abonen, salvo que se acredite que responden a la existencia de una relación jurídica de otra índole”, afirma la sentencia.
La edad, irrelevante
“Desde que se publicó la Ley 4640, en abril de 2011, el foco se ha puesto en pasar las sumas no remunerativas a remunerativas de los salarios de las mujeres a partir de los 50 años y de los hombres a partir de los 55 años. Sin embargo, nada se planteó respecto de si la edad del trabajador tenía relación directa con el carácter remunerativo de las sumas, ni mucho menos si las mismas además de remunerativas, eran bonificables”, señaló Ailén Roca, asesora legal de la ATE Río Negro.
“A través de este caso buscábamos transgredir la línea planteada por la Ley 4640, y lo logramos, toda vez que a partir del precedente obtenido se pone en evidencia que cualquier empleado público puede solicitar el traspaso de las sumas no remunerativas a remunerativas, sin importar la edad que tenga y, sobre todo, que posee el derecho a que se recomponga su salario a la luz del carácter bonificable de los adicionales que lo comprenden, y que deben adicionarse al salario básico para el cálculo de la zona y la antigüedad, lo cual implica un aumento sustancioso de su salario, a punto tal de duplicarlo”, agregó Roca.
“Derriba la política salarial de tres décadas”
“Algún día tenía que llegar este momento. Se trata de un triunfo de los trabajadores en la justicia. Este fallo derriba la política salarial aplicada durante las últimas tres décadas en nuestra provincia”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El dirigente remarcó que “siempre sostuvimos que la estructura salarial en el Estado provincial era absolutamente precaria y está compuesta en su mayoría por conceptos que no respetan ningún parámetro de legalidad”.
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