“Creo que debemos destacar que la toma de tierras no corresponde a una expresión de necesidad de la gente, hay muchas familias en Jujuy que aún no tienen solución habitacional, que están inscriptas hace mucho tiempo en el Instituto de Vivienda y que no fueron adjudicadas, hay otro grupo que está a la espera de tener una respuesta del programa «Un lote para cada Familia», no son estas personas las que usurpan, los que toman las tierras son vivos, que no reuniendo los requisitos para ser beneficiados por estos programas, ya sea porque ya cuentan con viviendas, o porque son solteros o extranjeros, organizan ´bandas’ para usurpar tierras y después juegan con la necesidad de los jujeños que esperan sus lotes hace mucho tiempo y les venden los terrenos. Esto sucede porque este negocio tuvo la connivencia política de la gestión anterior tanto de empleados como de funcionarios, a quienes estamos investigando, estaban involucrados con estos accionares delictivos».
Específicamente con respecto a las familias desalojadas ayer de un terreno ubicado en las 150 Hectáreas de Alto Comedero, Rizzotti preciso, “le pedimos a la gente que no usurpe terrenos, estamos trabajando para dar las soluciones, pero esta no es una alternativa licita, por el contrario la usurpación les va a generar inconvenientes a futuro porque va a quedar asentado este antecedente a la hora de solicitar ingresar al programa de «Un lote para cada Familia».
“Hace 3 meses que asumimos y hemos avanzado muchísimo, sobre todo en poner este sistema que encontramos en orden. En cuanto a esto estimamos que la semana que viene vamos a estar comunicando cuando será la fecha de cierre de la inscripción y presentación de requisitos para acceder al programa «Un lote para cada familia» porque consideramos que no hay posibilidad de lograr un plan de regularización a futuro si no ponemos un corte. La puesta en marcha de este programa se efectuará como en todo el mundo, contará con un plan de gestión de habitación abriendo y cerrando por periodos el registro de inscripciones, cada 2 o 4 años, y así tener en ese plazo para una planificación que nos permita comprar la tierra, realizar las obras de infraestructura pertinentes y asignarlas a las familias para que puedan acceder a terrenos con todos los servicios».
Con respecto a las declaraciones del secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, sobre el otorgamiento de obra pública a las cooperativas de trabajo, en Ministro aclaró: “Esto tiene que ver directamente con el caso particular de la Tupac Amaru y las restricciones desde nación con el envío de fondos es una medida que se esperaba». «Aproximadamente 60 millones de pesos retirados por la asociación no están declarados, y más de 2.000 viviendas que han sido pagadas y no están construidas”.