Sala resaltó que “lo invitamos a Morales (Gerardo) a bajar a la plaza y a hablar con todos los cooperativistas de las organizaciones sociales. Y si quiere que yo no este en la plaza me voy, pero que baje a dialogar con los compañeros”.
“En Argentina hay 60.000 puestos de trabajo de cooperativas que se están perdiendo. En Jujuy son 20.000. Nuestra protesta es totalmente pacífica y lo hemos demostrado: no tenemos ningún acto de violencia”.
A la salida del tribunal y tras ser informada de la causa penal, la legisladora del Parlasur aseguró: “vamos a seguir con el acampe, vamos a seguir pidiendo diálogo, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. En varias oportunidades dijimos que no tenemos ningún problema en bancarizarnos pero pedimos que las cooperativas que responden a ellos también se bancaricen”.
En ese marco, Sala denunció que están haciendo clientelismo con las cooperativas y recordó una solicitada publicada la semana pasada en la que diferentes cooperativas independientes denunciaron que a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por el gobierno, desde el Poder Ejecutivo no han cumplido con la renovación de convenios.
«Nosotros nos presentamos ante la justicia sin poner nuestros fueros por delante y vamos a estar aquí cuantas veces nos citen porque tenemos claro que vamos a defender los puestos de trabajo de nuestros compañeros, así tengamos que pagar el costo de ir presos”.
“No le tenemos miedo a Gerardo Morales. Si nos quiere inventar causas, si nos quiere denunciar, si me quiere meter presa por haber construido piletas, escuelas, centros de salud y viviendas, que lo haga. Nosotros vamos a seguir defendiendo las fuentes de trabajo”, aseguró la máxima referente de la Tupac Amaru a la salida de tribunales.
El juez Raúl Gutiérrez citó a los dirigentes sociales y diputados provinciales para que declaren en una causa impulsada por el gobernador por “instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real”.
La Intersindical de Trabajadores Estatales, ADIUNJU, ADEP y otros sindicatos junto a Organismos de Derechos Humanos y trabajadores del AFSCA despedidos se solidarizaron con los dirigentes y criticaron la criminalización de la protesta.
Por su parte, Germán Noro señaló que, más allá de la imputación formal, “lo que está absolutamente claro es que se trata de una causa política. Morales está persiguiendo a diputados y dirigentes opositores. Nosotros estamos tranquilos. Estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.
“Los compañeros están pidiendo trabajo y esto se soluciona muy fácilmente: que baje el gobernador, dialogue con la gente y cada uno se va a ir a su casa”, aseguró Noro.