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El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, imputó al ex juez federal Ricardo Lona por el delito de amenazas. El acusado asistió a la audiencia acompañado por efectivos de la Policía Federal, dado que cumple con una condena por delitos de lesa humanidad y tiene prisión domiciliaria. Lona se abstuvo de declarar y manifestó que su abogado particular presentará un escrito con su descargo, la semana próxima.
Lona fue imputado por el delito de amenazas, por los hechos ocurridos en el domicilio de la ruta provincial 87, camino a Colón, en la delegación municipal de San Luis, en el área metropolitana de Salta Capital.
Antes de concretarse la audiencia de imputación, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma solicitó al Poder Judicial de la Nación, la autorización para el traslado correspondiente del ex magistrado, dado que está cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad.
La investigación que derivó en la imputación formal a Lona comenzó tras la denuncia de una vecina remitida al Ministerio Público Fiscal de la Provincia por el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Carlos Amad, después de que el juez federal interviniente declararara la incompetencia nacional en el tema por tratarse de un delito común.
La denunciante, Eugenia del Valle Barboza, dijo que reside desde hace 54 años en una casa ubicada sobre la ruta provincial 87, vecina a la finca donde vive Lona. Sostuvo que «hay personas que quieren sacarla de allí», en alusión al ex juez,“a quien conoce desde hace mucho tiempo” porque su padre trabajaba para los antiguos dueños de la finca.
Barboza relató que “en 1999 los terrenos pertenecían a la familia Ortiz y que desde esa época es que Lona y su familia residen allí”. La denunciante le atribuyó al ex magistrado “insultar y agredir” a su hija, una mujer trans. Y dijo que “no es la primera vez que recibe amenazas de esa persona», que “lo hizo en varias ocasiones y a lo largo de los años, llegándole a decir que le va a destrozar la casa”.
La mujer sostuvo que Lona le exige que se deshaga de los animales que cría. Entre la casa de la mujer y la del ex juez hay una acequia, a la que él concurre siempre a revisar que no haya animales de la denunciante. La mujer dijo que el ahora imputado cruzó el puente de la acequia en su camioneta y la agredió verbalmente y la amenazó en distintas oportunidades, al igual que a su hija e hijos, uno de ellos menor de edad.
Según Barboza, en cada oportunidad que su vecino fue a su casa fue acompañado por su esposa. La denunciante planteó que “desea que Lona no vaya más a su casa a amenazarla, que a veces lo hace en estado de ebriedad y que es cuando más agresivo se pone, que incluso llega a temer por su vida y la de sus hijos”.
A la denuncia de Barboza, se sumó una ampliación y una posterior denuncia de su hija, María Eugenia Balderrama, quien ratificó lo expresado por su madre. Relató que en abril pasado cuando estaba con su hermana menor de edad, fue “tratada despectivamente” por Lona por su condición de mujer trans. El ex magistrado le advirtió que “la familia debía retirarse del lugar” y que todo lo que dijo fue “en voz alta, prepotente y a la denunciante le causó mucha angustia y temor, al punto que cuando ingresó a su casa se largó a llorar”.
En el acta de la denuncia se hizo constar que la joven relató que Lona “le exigió que se despidiera de él y de su esposa como a él le gusta (haciendo referencia a que él antes era un juez), por lo que la dicente se sintió obligada a despedirlo de la manera que él exigía, diciéndole ‘hasta luego doctor, hasta luego señora'».
En la audiencia formal de imputación, Lona se abstuvo de declarar con la asistencia de un defensor oficial y, en cambio, dijo que su abogado particular remitirá el descargo por escrito la semana próxima.
En septiembre último el ex magistrado fue condenado como “partícipe secundario” del delito de homicidio doblemente agravado, «por el ser autor del encubrimiento» del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, todos delitos cometidos en el marco del terrorismo estatal, en marzo de 1976.
El Tribunal Oral en lo Federal 2 de Salta entendió que no investigó estos hechos adrede, para posibilitar la impunidad de los ejecutores.
Además, está imputado en otras dos causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. En la causa por la Masacre de Palomitas se le atribuye la coautoría de los homicidios de once personas.
