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Efectivos de la Unidad Regional N° 2 demoraron este viernes a un adolescente de 15 años en San Pedro de Jujuy tras detectar que portaba un arma blanca. El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando el joven intentaba ingresar a un establecimiento de nivel secundario con un cuchillo entre sus pertenencias.
La intervención se produjo durante los controles preventivos que realiza el personal policial en los accesos escolares de la zona. Tras detectar una situación sospechosa, los uniformados procedieron a identificar al menor y revisar sus elementos personales, donde hallaron el objeto punzocortante. Ante la gravedad del hecho, el arma fue secuestrada de inmediato y se activaron los protocolos de resguardo para la comunidad educativa.
Intervención de la Justicia de Menores
Tras el hallazgo, el adolescente fue trasladado preventivamente a la dependencia policial junto a su madre para iniciar los trámites legales correspondientes. En el caso interviene el Ayudante Fiscal, Dr. Mauro Cabrera, quien quedó a cargo de impartir las directivas para la prosecución de las actuaciones judiciales.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron que el rápido accionar permitió evitar una situación de potencial riesgo para la integridad física de estudiantes y docentes. Estos operativos de control se han intensificado en toda la provincia debido a la reciente ola de hechos de intimidación pública registrados en diversos colegios.
Contexto de amenazas en el Ramal
El incidente en San Pedro se inscribe en un escenario complejo de seguridad escolar. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) tramita actualmente 91 legajos por amenazas de tiroteos e inscripciones intimidatorias en escuelas de la provincia. De ese total, 29 causas corresponden específicamente a la zona del Ramal.
Las investigaciones, lideradas por los fiscales Pablo de Tezanos Pinto y Juan Baiud, ya permitieron identificar a 30 menores de edad como presuntos responsables de estas conductas. Las autoridades recordaron que estas acciones están tipificadas como delitos de Intimidación Pública, con penas que pueden alcanzar los 6 años de prisión. Hasta el momento, la justicia ha ejecutado 13 allanamientos y secuestrado diversos dispositivos electrónicos para profundizar las investigaciones.
