En la 3ª sesión especial de la Legislatura provincial, se aprobó en menos de una hora, con la mayoría oficialista, una ley que ratificó los títulos de propiedad comunitaria ya entregados a las comunidades indígenas. Desde la oposición advirtieron que se trata de un «acting de campaña».
En la sesión de este miércoles, que estuvo presidida por el vicepresidente 1° de la Cámara, Fabián Tejerina, se aprobó la Ley 6351 de «Ratificación de los títulos de propiedad comunitaria a las comunidades aborígenes». El texto enumera 70 comunidades que recibieron sus escrituras entre 2006 y 2018, de las cuales solamente tres lo fueron durante la gestión de Gerardo Morales.
El Poder Ejecutivo justificó la presentación de este proyecto asegurando que busca «ratificar el reconocimiento de derechos y garantías a las comunidades de los pueblos indígenas de la provincia» y «reafirmar la vocación de consagración de los derechos que les asisten, revalidando el reconocimiento de sus territorios y la posesión que ancestralmente ocupan».
El presidente del bloque de la UCR, Alberto Bernis, remarcó que esta norma «demuestra la voluntad política del Gobierno, y hoy también de la oposición representada en esta Cámara, que a nadie se le pasa por la cabeza quitarle derechos ni un metro de tierra a las comunidades».
«Hoy es una Sesión muy importante, donde se aclaran muchas cosas y se acaban las mentiras de los sectores minoritarios que le hicieron mucho mal a la provincia”, agregó Bernis.
‘Acting’ de campaña
Pese a las argumentaciones planteadas desde el oficialismo, lo cierto es que las escrituras a las que se refiere esta ley ya fueron entregadas e inscriptas en el registro de la propiedad inmueble. Se trata de 70 títulos de propiedad que ya están en posesión de las comunidades.
En el transcurso de la sesión, diputados opositores pusieron el acento en que esas escrituras fueron entregadas mayoritariamente por los gobiernos anteriores, ya que durante las dos gestiones del gobernador Gerardo Morales se concretaron sólo tres.
La diputada Patricia Armella (PJ) precisó que en 2016 se entregó una escritura; en 2017 ninguna, y en 2018 dos. «Mientras, el 97 por ciento de las comunidades siguen en la espera», señaló, en referencia a las más de 300 comunidades de la provincia que aún no tienen su titulo de propiedad comunitaria.
A su turno, el diputado Pedro Belizan, de la misma bancada, indicó que esta nueva ley viene a «ratificar lo que ya está» y que «estas comunidades ya tienen subsanado su problema», por lo que «no se corrige nada del problema existente».
Además, advirtió sobre la eventual intención del gobierno de que todos los títulos que se entreguen en el futuro deban ser validados por una ley específica, lo que complicaría un trámite que ya de por sí es extenso y complejo.
«Este proyecto no tiene fundamento jurídico ni político», afirmó el diputado Juan Cardozo (Juntos por Jujuy-Frente de Todos), y agregó: «No tiene razón de ser, más que una muestra de inoperancia».
Para el legislador, «el gobierno pretende calmar las aguas de las comunidades», pero advirtió que «no comen vidrio».
«Las escrituras otorgadas no se las pueden sacar ni por ley, porque se dieron por mandato de la Constitución Nacional», afirmó, y sentenció: «Esto es un acting publicitario de campaña».
En el marco del conflicto que se sostiene en la provincia, donde las comunidades originarias reclaman la nulidad de la reforma constitucional aprobada el 20 de junio pasado, Cardozo apuntó: «Este gobierno ha ninguneado, ignorado y combatido a las comunidades y ahora, otra vez, quiere apagar el fuego con nafta».
En tanto, desde sectores cercanos a las comunidades advierten que el texto de la ley presenta un listado de comunidades que estaría incompleto, lo que podría generar que algunos títulos que ya fueron entregados sean desconocidos en el futuro. En este sentido, interpretan que el objetivo podría ser el de dividir a los originarios otorgando diferentes estatus a esos títulos.
El proyecto
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