El Tribunal en lo Criminal N°3 inicia la cuarta semana de audiencias de la causa Pibes Villeros, cuando este martes, desde las 14.30 horas, siga la etapa de testimoniales. Por otra parte, hay expectativas sobre la situación de encierro de Milagro Sala, ya que, en las próximas horas, el estado argentino deberá contestar una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obliga al gobierno y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cumplir con la prisión domiciliaria de la dirigente social en su domicilio, que fue emitida hace tiempo atrás.
Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no contestó si mantendrá una reunión por la grave situación que atraviesa Sala, que cumple este martes, su sexto día de huelga de hambre (ya consume líquidos), con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Liga por los Derechos del Hombre, la APDH e H.I.J.O.S. “Toda demora podría resultar irreparable”, advirtieron en la misiva de solicitud de reunión
Además, los organismos de DDHH que la resolución de la Corte IDH, que fue ratificada por la Corte Suprema en diciembre de 2017, tenía por objeto “garantizar la vida, integridad personal y salud” de Sala pero que “nada de eso ha ocurrido”.
Sala está acusada de ser la jefa de una asociación Ilícita que desviaba dinero a través de la cooperativa Pibes Villeros, entre los otros integrantes de la supuesta banda delictiva, está su marido Raúl Noro, ex cooperativistas y otros tupaqueros.
Cabe recordar que, a partir del comienzo de la etapa testimonial, que se inició la semana pasada, habrá un incesante desfile de casi un centenar de testigos, las personas que asisten tienen que firmar un acta en la que se establece que el visitante no podrá divulgar por ningún medio el contenido de la audiencia, bajo apercibimiento de ordenarse su retiro”, basándose en el artículo 407 del Código Procesal Penal, sobre poder de policía y disciplina. La causa Pibes Villeros se convirtió en un juicio oral, secreto, confidencial, no público, legal, no legítimo, aseguran las partes intervinientes.
Los periodistas también deben firmar el documento, puesto que los escasos 16 lugares que destinó el Tribunal no distingue entre público general, familiares de imputados y trabajadores de prensa, que termina siendo un compromiso de confidencialidad.