La Legislatura de la provincia promoverá juicio político a la integrante de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, Laura Nilda Lamas González.
El pedido de destitución fue presentado por el abogado Pablo Ramón Rojas, quien la acusa de realizar actividades comerciales en simultáneo con su cargo judicial, lo que, según Rojas, viola el artículo 190 de la Constitución provincial.
La denuncia sostiene que la magistrada está inscripta en la AFIP desde 2013, bajo la categoría de «Cultivo de Tabaco» como actividad principal, lo que implica un conflicto de intereses con sus funciones judiciales.
Además, revela que desde noviembre de 2009 Lamas González está inscripta en el régimen de Autónomos, y tributa Ganancias e IVA.
La cortesana figura como socia activa de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, lo cual, aunque no persigue fines de lucro, sí implica que sus socios, entre ellos la magistrada, buscan obtener beneficios económicos.
Este martes fue conformada la Sala Acusadora de la Legislatura, durante una reunión en el salón Marcos Paz para designar a las autoridades que conducirán el proceso. El diputado Adriano Morone fue nombrado presidente de la sala.
También se conformó la Comisión Investigadora, encargada de analizar los hechos denunciados y emitir un dictamen. Los diputados que integran esta comisión son Santiago Jubert, Gisell Bravo y Adriano Morone, por el bloque mayoritario del Frente Cambia Jujuy, mientras que Rubén Rivarola y Daniela Vélez fueron designados por el Frente Justicialista.
Lamas González enfrenta la posibilidad de ser removida de su cargo si se comprueba que violó las disposiciones constitucionales que prohíben a los magistrados participar en actividades comerciales.
1-JP-24Antecedente
Esta no es la primera vez que integrantes del máximo tribunal jujeño enfrentan un pedido de juicio político.
En mayo del 2022, una solicitud similar contra Lamas González fue rechazada in limine por no cumplir con los requisitos del reglamento interno de la Legislatura.
En tanto, por esos días renunciaron las juezas Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara De Langhe de Falcone, a quienes les siguió Sergio González. Los tres pedidos de juicio político fueron impulsados por el entonces gobernador Gerardo Morales, que buscaba implementar una reforma judicial y la modificación de la Constitución provincial, lo que se concretó en junio de 2023.