A medida que pasan las horas, se han ido sumando las expresiones de repudio por la represión desplegada en la mañana del miércoles en San Pedro de Jujuy. Organismos de derechos humanos, y organizaciones sindicales, políticas y sociales manifestaron el rechazo al accionar represivo de la Policía de la Provincia contra trabajadores del Ingenio La Esperanza y la detención de obreros y referentes sindicales.
Organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, políticas y sociales difundieron la lista completa de los detenidos en el marco de la represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, y emitieron un comunicado en el que denuncian la falta de información precisa sobre las personas apresadas y responsabilizan “de esta violación de derechos humanos y del estado de excepción que se vive en nuestra provincia, al gobernador Gerardo Morales, al ministro de Seguridad Ekel Meyer, al titular del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, la fiscal Silvia del Valle Farall, y los integrantes del Ooder Judicial como Jorge Samán del Juzgado de control n°6”.
Advierten que “tal como en las más oscuras épocas vividas por nuestro país, el traslado de las personas detenidas se hizo en horas de la madrugada, negando información a sus familiares acerca del lugar de alojamiento, sin que además, se dé a conocer públicamente el listado completo de las y los detenidos; así como tampoco se informó acerca de la situación de salud de los mismos”.
“Todo esto demuestra la persecución política y gremial que existe hacia los dirigentes en Jujuy, como se vienen denunciando hace tiempo ante organismos Internacionales -continúa-. El Gobierno avala una generalizada criminalización de trabajadoras/res a través de causas judiciales, represión de manifestaciones, detenciones, multas, y entorpecimiento del derecho de defensa cuando se sanciona o detiene a las/os abogadas/os defensores”.
Por su parte, la Agrupación H.I.J.O.S. Jujuy (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) manifestó “profunda preocupación por la violenta represión llevada adelante” por las fuerzas de seguridad contra trabajadores del Ingenio La Esperanza, y describen la situación que se vive en la provincia como “de total impunidad e indefensión”.
“El Estado se ha convertido en menos de una semana en ‘un reino’ de represión, detenciones compulsivas a dirigentes y militantes, judicialización de la protesta, entre otros, avanzando a cualquier costo sobre nuestros derechos, estos gobiernos, tanto nacional como provincial, quieren ser administradores de nuestra libertad”, señala.
Continúa el documento indicando que “el Ejecutivo provincial y el nacional en sus discursos apuntan sistemáticamente a la aprobación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares, demonizando todo tipo de protesta genuina, con calificativos tales como ‘delincuentes’, ‘terroristas’, corriendo el foco del conflicto, estigmatizando a estos sectores que solo ejercen sus derechos constitucionales, derecho a la huelga, a la protesta, a la libertad de expresión, a peticionar, al trabajo, entre tantos otros”.
“Esto demuestra claramente que los que se mueven al margen de la ley son los que nos gobiernan, un claro ejemplo es que desoyen todas las recomendaciones de los organismos e instituciones de derechos humanos internacionales. Esto solo agudiza los conflictos, no aporta en nada a la paz social que tanto pregonan”.
Rechazan luego “el control social hacia sectores más excluidos y oprimidos, a los que solamente les queda la calle para presionar por sus demandas” y califican al poder judicial como el “brazo ejecutor del Ejecutivo nacional y provincial, con prácticas que generan terror y angustia”, en referencia a la falta de información que se dio en las primeras horas sobre los detenidos y detenidas de La Esperanza.
En el cierre, H.I.J.O.S. hace un llamado “a la cordura” al gobernador y sus ministros, como así también al poder judicial “para que se llegue a una solución a este conflicto sin el uso de la represión, las detenciones ilegales, respetando los derechos constitucionales y de tratados internacionales que nos amparan”.
La Asamblea Feminista Jujuy es otra de las organizaciones que expresaron su repudio a la represión y las detenciones. Exige la inmediata liberación de todos los detenidos y detenidas, “entre quienes se encuentran mujeres e integrantes de la junta directiva de la organización sindical”, explican.
“Entendemos que estas acciones por parte del gobierno de Gerardo Morales no hacen más que confirmar que sus medidas de gobierno sólo se sostienen con represión, violencia y una ‘justicia’ cómplice -continúa-. Que en su proyecto de ‘unión paz y trabajo’ el avasallamiento de los derechos laborales, sindicales conquistados hace tiempo por la lucha del movimiento de trabajadoras y trabajadores, es un hecho consumado. Que la persecución política, la criminalización de las luchas y de lxs trabajadorxs organizadxs son las vías para legitimar el violento accionar de su aparato represivo, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos”.
Medios comunitarios y populares difundieron también un comunicado en el que repudian “el accionar político judicial que atenta entre otros derechos fundamentales contra el derecho a la libertad de expresión”. Es porque entre los detenidos está Oscar Delgado, periodista de Radio Capoma de Libertador Gral. San Martín, quien en medio del operativo se identificó como periodista, y aun así fue apresado.
“Esta situación agrava el contexto nacional de persecución y hostigamiento hacia todos los trabajadores que luchan por sostener los derechos fundamentales que actualmente sufren las políticas neoliberales que se implementan a toda costa en nuestro país”, expresa el documento, que está firmado por Radio La Voz del Cerro, Radio Pueblo, Radio La Caprichosa y Wayruro, entre otras emisoras de la provincia.
Los repudios no llegaron solo desde organizaciones de Jujuy. La Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata emitió un comunicado en el que advierte que “este ataque armado a la clase trabajadora se instrumenta para silenciar la protesta gremial, posibilitando por medio de la represión un modelo económico de acumulación por parte de las patronales”.
“Ya no les alcanza con reprimir y encarcelar a los trabajadores y a sus representantes sindicales, como muestra de la falta de límites hoy detuvieron al asesor jurídico del sindicato, Fabián Alderete, acusado de los delitos de resistencia a la autoridad, corte de ruta y daños y atentado contra el funcionamiento de uno de los órganos del Estado (el Poder Judicial)”, agregan.
En el mismo sentido se expresó el Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC-RA): “El gobierno de Gerardo Morales replica en Jujuy las mismas acciones antisindicales que lleva adelante el Gobierno Nacional, a la vez que profundiza el accionar represivo local, que en dos años encarceló a varios dirigentes sociales, entre ellos la diputada por el Parlasur y dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala”.
