Se promulgó la Ley de Modernización Laboral y se viene el nuevo esquema de despidos

Apenas una semana después de su sanción en el Congreso, el Ejecutivo no perdió tiempo y oficializó este viernes la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello, el Decreto 137/2026 marca el inicio de una era de cambios profundos en el esquema de contrataciones y despidos en todo el país.

La norma, eje central del programa libertario, busca dinamitar la llamada «industria del juicio» y bajar los costos para las empresas. Tras un paso accidentado por las cámaras —donde Diputados terminó eliminando el polémico artículo sobre licencias médicas—, la ley finalmente quedó firme con 42 votos a favor en el Senado.

Los puntos clave del nuevo esquema La ley despliega un arsenal de 25 capítulos que modifican sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo. Entre lo más relevante, se encuentran:

• Indemnizaciones y Despidos: El artículo 245 redefine el cálculo indemnizatorio, estableciendo parámetros estrictos de remuneración habitual y topes claros para evitar liquidaciones astronómicas.
• Fondos de Asistencia Laboral (FAL): Se crean cuentas inembargables financiadas por los empleadores (1% grandes empresas, 2,5% pymes) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Un nuevo sistema de «ahorro» para cubrir contingencias laborales.
• Vacaciones y Horas Extras: Se termina la rigidez. Ahora, empleador y trabajador podrán acordar el fraccionamiento de vacaciones (mínimo 7 días) y la creación de «bancos de horas» para compensar extras, siempre que se formalice por escrito.
• Blanqueo e Incentivos: La norma incluye beneficios fiscales para quienes formalicen empleados y para medianas inversiones, buscando sacar de la sombra el trabajo no registrado.

¿Quiénes quedan afuera? La reforma es quirúrgica en su alcance. La letra chica aclara que estas disposiciones no alcanzan a los empleados públicos (nacionales o provinciales), al personal de casas particulares, a los trabajadores agrarios ni a los «rappis» (prestadores independientes de plataformas tecnológicas), que mantendrán sus regímenes especiales por ahora.

El golpe al INCAA Un detalle no menor que se coló en la promulgación: el financiamiento de organismos como el INCAA tiene fecha de vencimiento. A partir de 2028, pasarán a depender exclusivamente de las migajas que se les asigne en el Presupuesto General, eliminando los fondos específicos que hoy sostienen la actividad cinematográfica.