Organismos de derechos humanos, el bloque de diputados provinciales del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu (Adiunju) repudiaron en sendos comunicados el accionar represivo de la Policía de la Provincia contra trabajadores del Ingenio La Esperanza que desde el lunes cortaban la Ruta 34 reclamando que les paguen los sueldos de noviembre, en medio de un proceso de venta de la empresa que implica cerca de 400 despidos.
Los organismos de derechos humanos de la provincia de Jujuy difundieron un documento en el que le exigen al gobierno provincial «que cese con las represiones por parte de las fuerzas policiales a los trabajadores y la criminalización por la protesta social, que resguarde la integridad física de los manifestantes que en estos momentos se encuentran detenidos, y su pronta liberación, que reincorpore a los trabajadores despedidos y el pago de los haberes adeudados, y que respete el derecho a huelga y la libertad de expresión, derechos de jerarquía constitucional, signados por nuestro país en Tratados Internacionales».
De este modo, los organismos repudian enérgicamente el accionar represivo del gobierno de la provincia de Jujuy contra los trabajadores, y advierten: «En Jujuy existe un preocupante escenario de violencia y persecución contra trabajadores y referentes sindicales de la industria azucarera, uno de los ejes productivos de las provincias del noroeste de nuestro país, y una constante criminalización de la protesta social».
En su texto, repasan: «El Ingenio La Esperanza es un complejo agroindustrial próximo a San Pedro de Jujuy. Diferentes circunstancias, muchas de ellas ajenas al sector azucarero, provocaron sucesivos cambios de accionistas hasta que finalmente en diciembre del año 2000 se decretó la quiebra y con el apoyo del gobierno nacional y provincial, hasta el año 2015 inclusive, se propuso avanzar en el proyecto de recuperación definitiva. La nueva gestión de gobierno nacional retiró los fondos asignados para la recuperación, en el año 2016 la legislatura provincial declaró por Ley N° 5.929 la Emergencia Económica, Productiva y Social en el Departamento de San Pedro; el 30 de noviembre de 2017, el ministro de Desarrollo Económico y Producción anunció la venta del ingenio al grupo colombiano Omega Energy International, y por consiguiente el despido de más de 300 trabajadores, para quienes constituía su única fuente de ingreso».
Desde el bloque de diputados del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) repudiaron «el desproporcionado operativo represivo y la persecusión gremial lanzada por el gobierno de Gerardo Morales contra dirigentes y trabajadores del Ingenio La Esperanza que protestaban en demanda del pago del sueldo de noviembre, el medio aguinaldo, la primera quincena de diciembre y la reincorporación de los casi 400 trabajadores cesanteados».
«En medio del proceso de venta de la quiebra del Ingenio, el gobierno provincial decidió ‘no poner un peso más en el Ingenio’, y por lo tanto no hacer frente al compromiso público y social de sostener la vida de la empresa azucarera ni pagar los sueldos hasta su total definición legal, en el proceso de venta anunciada con bombos y platillos por el propio gobernador Morales».
‘Disciplinamiento’
El Fuyo advierte que «a la falta del pago de los salarios se suma la inconmensurable angustia de casi 400 familias que recibieron telegramas de despido justo a fin de año en el marco del ‘acuerdo’ con la empresa Omega compradora del Ingenio de recibir la planta fabril solo con 600 trabajadores».
Recuerda luego que en la tarde de este martes la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) de La Esperanza se reunió con el ministro de la Producción, Juan Carlos Abud Robles, quien respondió con «un contundente ‘no hay plata’ al conjunto de demandas de los gremialistas».
«Y durante esta mañana, recibieron del conjunto de las fuerzas represivas del estado la segunda respuesta a sus reivindicaciones: balas de goma y gases, en un nuevo capítulo de este gobierno de disciplinamiento social», agrega.
Finalmente, exigen al gobierno provincial «el inmediato cese de la represión y verdadera cacería lanzada en todos los puntos de legítima protesta lanzada contra los trabajadores azucareros» y solicita al Ministerio de la Producción y a los administradores del ingenio «que con urgencia se cancelen las deudas salariales y se suspenda el despido de los 400 trabajadores hasta tanto el juez de la quiebra tome intervención en la situación, desconocida para él hasta la fecha».
‘Receta’
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) también emitió un enérgico repudio, y analizó el contexto general en que se produjeron los hechos de San Pedro: «En un nuevo aniversario de la movilización popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, es necesario que los responsables políticos del ataque a los derechos alcanzados comprendan que, tarde o temprano, el pueblo sale a la calle a defender sus conquistas. De los gobernantes es la responsabilidad de que no haya más muertes».
«Denunciamos a los gobiernos nacional y provincial y les exigimos que terminen con la escalada represiva, de persecución, de aprietes y despidos de trabajadorxs estatales y de encarcelamientos ilegales de opositores, que es la receta que aplican para imponer una política económica regresiva, que saquea las jubilaciones y los salarios mientras, le condona la deuda a los empresarios amigos y quita las retenciones a los grandes pulpos multinacionales», afirman.