El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. La organización solicitó que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la norma y reclamó una medida cautelar urgente para suspender parte de sus efectos.
En la presentación, el CELS sostuvo que el decreto “amplía de manera imprecisa y genérica las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia” y que, como consecuencia, habilita “una intervención directa sobre los derechos y garantías de todas las personas que residen en la Argentina”.
Por ese motivo, la demanda fue planteada como un amparo colectivo, al considerar que el impacto del DNU no es individual sino generalizado.
Según el escrito, el decreto afecta derechos como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley.
En ese sentido, la organización advirtió que la norma “no contiene ninguna consideración sobre los derechos fundamentales en juego” y que sus disposiciones resultan “ilegales, arbitrarias y desproporcionadas”.
Además del contenido, se rechaza el uso del instrumento DNU para modificar la ley de inteligencia. El CELS afirma que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de una situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario y remarcó que el decreto fue dictado “al día siguiente del vencimiento de las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo”.
Y recordó que la Constitución prohíbe el dictado de DNU en materia penal.
El CELS argumentó sobre el carácter colectivo de la acción de amparo, subrayando que el decreto constituye una “causa normativa común” cuyos efectos alcanzan a un universo amplio e indeterminado de personas y organizaciones.
“Nadie puede gozar individualmente de la vida en democracia si no tiene garantizada la libertad para desarrollar su plan de vida, su participación social y política y su comunicación libre”, sostuvo la organización.
La demanda también alerta sobre la ampliación de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que podrían habilitar la recolección de información personal, la intervención en procesos sociales y la adopción de medidas compulsivas bajo definiciones vagas y ambiguas.
Para el CELS, el decreto “eleva el nivel de sospecha sobre toda la población” y refuerza el carácter secreto de las actividades de inteligencia sin controles adecuados.
Junto con el amparo, la organización pidió la habilitación de la feria judicial, al sostener que se trata de un asunto que “no admite demoras” por la gravedad institucional y la afectación actual o inminente de derechos constitucionales.
También dejó planteada la reserva del caso federal, con vistas a una eventual intervención de la Corte Suprema.
Ahora será la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la que deba resolver si hace lugar al planteo colectivo, si concede la cautelar solicitada y si el DNU 941/2025 se ajusta a los límites constitucionales.
Más rechazos
Desde la publicación del DNU 941/2025 el pasado 2 de enero, se ha generado una rápida respuesta judicial. Hasta el momento, además de la presentación del CELS, hay otras dos.
Los legisladores Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mónica Frade e Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentaron un amparo solicitando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto. Argumentan que no existe «necesidad ni urgencia» que justifique eludir al Congreso y denuncian que la norma vulnera la división de poderes.
Por otro lado, un grupo integrado por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido realizó una presentación conjunta. En este caso, además del amparo, solicitaron una medida cautelar urgente para suspender la aplicación del decreto y advirtieron sobre el riesgo de «vigilancia estatal» sobre actividades políticas y periodísticas. Incluso plantearon la posibilidad de un per saltum a la Corte Suprema.
Todas las demandas coinciden en señalar tres aspectos críticos que, según los denunciantes, violan la Constitución Nacional:
- Facultades de aprehensión: Se cuestiona que agentes de inteligencia puedan detener personas, algo históricamente prohibido por la Ley de Inteligencia para evitar el espionaje político.
- Opacidad total: La declaración de todas las actividades como «encubiertas» dificultaría el control judicial y parlamentario.
- Materia penal: Los demandantes sostienen que el DNU legisla sobre temas vedados por el artículo 99 inc. 3 de la Constitución (materia penal y garantías de libertad).
Actualmente, las causas han recaído en juzgados como el Contencioso Administrativo Federal N° 4 (a cargo de la jueza Rita Ailán), y se espera que la justicia decida si habilita la feria judicial de enero para tratar estos pedidos de forma inmediata.