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Por tercera vez, la justicia penal de Jujuy dispuso la suspensión del inicio del juicio contra tres integrantes de organizaciones sociales que están imputados del delito de «entorpecimiento de transporte público y servicios» por haber participado de una movilización en marzo de 2022.
En esta oportunidad, la suspensión de la primera audiencia del debate oral, que estaba prevista para el próximo martes 12, había sido pedida por la defensa oficial de Verónica Urzagasti, militante del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), imputada en la causa junto a Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, del MTR 12 de abril. Actúa el Tribunal en lo Criminal N° 2, a cargo del juez Luis Kamada.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Copello comentó: «Se ve que no tiene mucho contenido serio la causa, por eso se la sigue pateando. Es un mamarracho, nos tienen que absolver a los tres».
La causa se inició por una movilización de organizaciones sociales que en marzo de 2022 reclamaban la entrega de alimentos para merenderos y comedores en Palpalá, sobre la avenida Savio. Los imputados están acusados de «entorpecimiento de transporte público y servicios», un delito previsto en el Art. 194 del Código Penal.
«Las únicas pruebas son los policías que dicen que estuvimos ahí, pero no podés acusar a tres personas por un corte cuando había 6000 manifestantes. Y ni siquiera fue un corte de ruta, porque fue en la calle. No se interrumpió el paso de ningún colectivo, porque pasaban lo más bien», repasó Copello.
Para el dirigente social, «avanzar en la aplicación de ese artículo es una decisión política y buscan además una condena con impacto nacional», y recordó que la única condena por este delito se dio en la provincia de Chubut, contra una docente que participó de una protesta en la que «se cortó una ruta donde van las petroleras, entonces tenía un peso para los empresarios locales».
«Ese es el único antecedente de aplicación de ese artículo, que es muy grave. Fue creado por la dictadura de Onganía y lo sostienen todos los gobiernos», señaló.
En esos días de marzo de 2022, hubo numerosas protestas en distintos puntos de la provincia. El dirigente social recordó: «El mismo día reprimieron en San Pedro y detuvieron a siete personas. Después el 6 de abril nos allanaron a mí y a Juan (Chorolque) y nos detuvieron una semana».
«Era el revanchismo de (Gerardo) Morales, que hablaba de paz social, porque se empezó a mostrar que no era así -analizó-. Ese año empezaron después movilizaciones masivas y hubo otros allanamientos en otra causa que ya está el pedido de elevación a juicio. Y el año pasado vino el jujeñazo, los comuneros acusados por la muerte de una mujer en un micro en un corte».
Tras esta tercera suspensión del juicio oral, la pregunta es cómo seguirá el proceso. Para Copello, «todo depende de la intención del gobierno, porque ya sabemos que acá la justicia tiene una línea directa con el gobierno, así que depende de las decisiones políticas, de cuánto quieran avanzar contra la movilización popular».
El referente adelantó que «se viene un diciembre caliente» porque, a su entender, «se van a incrementar las movilizaciones». En este sentido, destacó la alta participación en las últimas marchas convocadas en la provincia, y opinó que «está cambiando el humor social porque hay un hartazgo generalizado».
Remarcó además el hecho de que el gobierno haya dispuesto el descuento a los que se sumaron a la medida de fuerza que llevan adelante los docentes. «Los descuentos ilegales son otra forma de perseguir -afirmó-, pero eso se contrarresta con mayor movilización; hay que incorporar al reclamo la anulación de esos descuentos».
