El proceso, que inició la semana pasada, trata la acumulación de las causas relacionadas con el traslado de detenidos desde el penal de Villa Gorriti hasta la provincia de Buenos Aires, viaje en el que fueron sometidos a todo tipo de torturas y castigos.
Hay 13 procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de 90 víctimas, algunas de ellas luego desaparecidas, como el médico y exintendente de Libertador Gral. San Martín, Luis Aredez, y el sindicalista minero y exdiputado provincial, Avelino Bazán.
El traslado se produjo el 7 de octubre de 1976, cuando un grupo de personas que permanecían detenidas ilegalmente en el penal de Gorriti fueron llevadas a la Unidad 9 de La Plata, y otro grupo a la cárcel de Devoto, en la Capital Federal. Fueron 78 hombres y 12 mujeres.
Los imputados son el militar Horacio Domingo Marengo y los expenitenciarios Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc, todos procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente de trámite), Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz, determinó que se tomarán todas las declaraciones testimoniales, por lo que se espera que este juicio sea más prolongado que los anteriores.
El Ministerio Público Fiscal está representado por Francisco Snopek y Pablo Pelazzo; la querella de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Andrea Lupiañez y María José Castillo, por la querella de Hugo Condorí y Eblogia Cordero de Garnica el abogado Ariel Ruarte, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación María José Castillo. La defensa de los represores está representada por los abogados Matías Gutiérrez Perea, María Retondo y María Nager.
El 7 de octubre de 1976, 78 hombres y 12 mujeres, luego de una violenta requisa en la cárcel de Villa Gorriti de San Salvador de Jujuy, fueron obligados a subir a vehículos del Ejército y trasladados al aeropuerto provincial, donde abordaron un avión Hércules y otra aeronave más chica (en la que iban solo las mujeres). A bordo de la nave les taparon ojos, los ataron de pies y manos y los obligaron a ubicarse en cuclillas sujetados a una barra de hierro en el piso.
El operativo, que formó parte del plan sistemático del terrorismo de Estado, fue designado como el “Operativo Aire 718”, y duró entre tres y cuatro horas en las cuales las víctimas recibieron torturas, humillaciones y amenazas de ser arrojadas al vacío.
Los hombres fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de La Plata, pasando algunos primero por la enfermería y los otros soportando una “calle de la amargura”, donde eran nuevamente golpeados en forma salvaje y brutal, mientras que las mujeres fueron alojadas en una unidad especial en la cárcel de Devoto.
En la primera audiencia prestaron testimonio los acusados. En primer lugar, Marengo se definió como «un preso político” y mantuvo el pacto de silencio, como en todo el país. También afirmó que «este proceso judicial es un absurdo, una entelequia y mi cautiverio no corresponde». El resto de los imputados negaron haber estado en Jujuy en el momento de los hechos y haber participado de traslados.