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El plenario de comisiones de Salud, Población y Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó este martes de manera favorable el proyecto que declara la emergencia en el área de pediatría, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora se perfila como un nuevo dolor de cabeza para la administración de Javier Milei.
La propuesta recibió el respaldo de un amplio arco opositor que incluyó al kirchnerismo, la UCR, el PRO y diversos partidos provinciales, configurando una coalición transversal que pone en evidencia.
Un debate que se posterga por diferencias tácticas
Aunque el dictamen habilita el tratamiento en el recinto de la Cámara alta, persisten diferencias sobre los tiempos. El kirchnerismo buscaba forzar un debate exprés para el jueves próximo, una estrategia que no encontró eco en otros bloques opositores. La discusión se postergará entonces para la próxima semana, según las versiones que circulan en los pasillos del Congreso.
Esta dilación responde más a cuestiones tácticas que a desacuerdos de fondo, ya que existe consenso sobre la necesidad de abordar la crisis que atraviesa el sistema de salud pediátrico público, agravada por las políticas de ajuste del Gobierno libertario.
Recomposición salarial y exención impositiva como ejes centrales
El dictamen establece que las autoridades deberán garantizar el «acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes».
Uno de los puntos más contundentes del proyecto exhorta al Ministerio de Salud a efectuar «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales».
El despacho de mayoría especifica que esta recomposición «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023», estableciendo un piso claro para las negociaciones.
La iniciativa también contempla a «los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos», ampliando el alcance de la medida más allá del ámbito estrictamente pediátrico.
Otro componente significativo del proyecto exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan «actividades críticas, horas extras y/o guardias», una medida que apunta a mejorar los ingresos reales de los trabajadores del sector.
¡Conseguimos dictamen para el Garrahan!
En el @SenadoArgentina reunimos firmas de distintos bloques y alcanzamos el dictamen necesario para tratar en el recinto el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en… pic.twitter.com/ETpnSlfMGh
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 19, 2025
El debate
La reunión inició pasadas las 15 con la presidencia de la senadora del kirchnerismo Lucía Corpacci, titular de la Comisión de Salud.
Abierto el juego, su par Edith Terenzi puso sobre la mesa un nuevo dictamen con modificaciones al texto original, lo que provocó la reacción no solo del kirchnerismo sino también otros senadores «dialoguistas».
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, adujo que aplicar modificaciones al proyecto sería dilatarlo y perdería lo referido a la emergencia; mientras que Juliana Di Tullio, en una acción inédita, le pidió a Terenzi que retire el dictamen directamente y «acompañe» el texto aprobado en Diputados.
Por su parte, el radical Martín Lousteau cuestionó que los trabajadores del Garrahan deban llegar a la instancia de emergencia, al advertir que «hay maneras de corregir cosas a futuro si hacemos el trabajo de no llegar a esa instancia. Hagamos el trabajo para adelante que hay una emergencia para atender», aclaró.
Guadalupe Tagliaferri, del PRO, compartió la «mirada y el espíritu» de la propuesta de Terenzi, pero apuntó contra el eventual veto del presidente Javier Milei.
«El proyecto tiene cosas para ser modificable. Lo que pasa es que nada garantiza que no lo vete el Poder Ejecutivo. Estamos frente a un Gobierno que busca facilitar la compra y venta de autos que atender la emergencia en pediatría», subrayó.
El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, elogió el dictamen de Terenzi y calificó como «muy prolijo», al criticar el cruce que el kirchnerismo hizo del texto de la senadora chubutense.
«Cuando les conviene y tienen ganas, la comisión tiene que trabajar y escuchar a todos los trabajadores. Quiero que entendamos que esta situación no viene desde hace un año», dijo Atauche.
Al término de su alocución afirmó que el debate sobre la emergencia en pediatría se utilizaba de forma «prelectoral», lo que terminó en un cruce con Corpacci, que le pidió al jujeño «no faltar el respeto» ya que en el Salón Arturo Illia del Senado había trabajadores del Garrahan.
El costo fiscal que inquieta al Gobierno
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) cuantificó el impacto económico de la medida, estimando que «equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones».
El informe de la OPC precisa que «anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones», una cifra que representa un desafío considerable para las cuentas públicas en el marco de la política de déficit cero impulsada por el ministro Luis Caputo.
El organismo técnico del Congreso también señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes, y advirtió que «no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias».
Puntos clave:
- El proyecto de emergencia pediátrica obtuvo dictamen favorable con apoyo de kirchnerismo, UCR, PRO y partidos provinciales
- La iniciativa exige recomposición salarial para personal de salud pediátrico al nivel real de noviembre 2023
- El costo fiscal estimado por la OPC es de $65.573 millones hasta diciembre y $133.433 millones anualizados
- Se exime del pago de ganancias al personal que realice guardias y actividades críticas
- El debate se postergó de jueves a la próxima semana por diferencias tácticas entre bloques opositores
