Durante un plenario de comisiones en el Senado, la oposición logró este martes el dictamen de mayoría del proyecto de ley de financiamiento universitario, que Unión por la Patria tiene la intención de llevar al recinto este mismo jueves, pero necesitará del respaldo de otros bloques para reunir los dos tercios que se requieren para habilitar su tratamiento sin esperar una semana entre el despacho y el recinto.
Así es que al concluir la extensa reunión -poco antes de las 20- el senador José Mayans intervino para decir: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”. Se refería al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sentado a su lado y al que trataba de convencer.
El plenario de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda comenzó luego de un intenso debate que hubo por otro proyecto -que también rechaza el oficialismo-: la emergencia pediátrica, a raíz del conflicto del hospital Garrahan.
Tras elegirse como vicepresidente de Educación al radical Flavio Fama, el presidente de la comisión, Eduardo «Wado» de Pedro, destacó que la media sanción surgió de una propuesta que «fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical. Es una propuesta que el Congreso recibe del ecosistema universitario».
Defendió que la ley busca traer «una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema», a la vez de «garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento» de las universidades.
Al explicar todos los puntos del proyecto uno por uno, remarcó que, a diferencia de la ley vetada el año pasado, ésta «tiene algunas características nuevas» como la que «incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional».
El senador señaló que esta norma alcanzaría al beneficio de «137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales» a las que asisten «más de 2 millones de jóvenes» y en las que dan clases «más de 220 mil docentes».
Además, subrayó que «el 85% del financiamiento» previsto en la ley «va a ir al salario». Y dijo que lo aclaraba porque «después vemos en los medios prejuicios instalados y campañas sucias», cuando lo que se busca es que «los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza».
Muy duro en contra del Gobierno, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó que el presidente «no entiende para qué conduce el Estado» y rechazó: «Nos amenaza si no hacemos lo que él hace».
Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, por no convocar a debatir proyectos opositores en «una acción absolutamente dilatoria».
«Tuvo una indigna conducción de la comisión. Todavía no tratamos eso, ahora estamos en plenario; todavía no terminó», advirtió en relación a la intención de desplazarlo de la presidencia. Y también le pegó al diputado José Luis Espert, que conduce la comisión homónima en la Cámara baja, al que calificó irónicamente como «gran candidato» y lo llamó «un charlatán de feria que no trabaja».
Atauche recogió el guante y arrancó: «Puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros desde La Libertad Avanza, desde el Gobierno, preferimos un presupuesto con superávit. Y este año (el proyecto) va a volver a decir déficit cero». «Los argentinos no queremos más déficit, salir a pedir plata prestada o emitir», insistió.
«No nos pueden enseñar a gobernar porque este Gobierno sacó de la pobreza a 10 millones de personas que ustedes metieron en la pobreza. Solamente ese logro demuestra que estamos en el camino correcto», defendió.
¿Qué dice el proyecto con media sanción?
El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
La iniciativa tiene por objeto «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina».
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el Indec «en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas». Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.
«Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega el articulado.
Además, exige que el PEN convoque «con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC».
Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
También se contempla que la Auditoría General de la Nación «realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control».
