Esta muerte podría no haber sucedido. Perfectamente podría haberse evitado.
¿Cómo pueden evitarse estas muertes? Es la memoria es la que nos ayuda a entender algunos procesos y nos permite evitar la repetición de los hechos terribles en la historia. Por eso vaya esta reflexión sobre un fenómeno instalado en nuestro pueblo que no debería haber ocurrido.
Un poco de historia para la violencia institucional en Tilcara
Podría decirse que el concepto de Violencia Institucional comienza a escucharse públicamente en el pueblo a partir del hecho que en mayo de 2013, cuando a raíz de una gresca con jóvenes, la detención de uno de ellos, el apedreo a la comisaría, la herida de un agente de policía, dio lugar a una serie de complejos eventos con intervención de las fuerzas de seguridad, funcionarios del poder político, medios de comunicación, efectores de Salud y funcionarios judiciales.
Inmediatamente después de la violenta noche del sábado 11 de mayo, la respuesta también violenta y sin más no se hizo esperar: la suspensión de bailes por dos meses aproximadamente, una inconstitucional razzia policial en el baile de Villa Florida y el traslado de 40 personas aproximadamente a la comisaría entre golpes, empujones, insultos, que incluyó mujeres embarazadas. A la mañana siguiente sólo quedaron 12 jóvenes – entre ellos 3 menores-, detenidos. Pasaron dos noches heladas sometidos al abuso y violencia por parte de la policía.
Entre esos días, el Ejecutivo de Tilcara, representado por Intendente, emitió una Declaración, repartida en mano y difundida en casi todas las radios del pueblo, donde se refería al grupo de jóvenes (que hasta el momento no ha sido identificado fahacientemente) como: “grupo de inadaptados”, “flagelo que como mala semilla se encuentra germinando en nuestro pueblo, “actitud delincuencial”, “agresivos inadaptados”.
Dicho documento culminaba asi: “instando a los poderes judicial y ejecutivo de la provincia a que actúen con la mayor dureza permitida por el estado de derecho vigente, poniéndonos a su entera disposición para colaborar con aquello que sirva para poner fin a ese problema, con el convencimiento que las actitudes de este/os grupo/s de delincuentes juveniles, que constituye un riesgo a la forma de vida elegida por nuestra gente y de los que se encuentran de paso disfrutando de nuestra cultura y bellezas naturales”.
A pesar de esto y de un dictamen del Inadi (N.° 356/13) que fue emitido como respuesta a la denuncia que realizaron los familiares, ese mismo mes se presentó toda la cúpula de la UCR, partido oficial del Ejecutivo de Tilcara, en el tradicional desfile del 25 de Mayo, respaldando orgánicamente la cuestionada figura del intendente.
Además del Ejecutivo del Municipio, el Consejo Deliberante, que no omitió críticas hacia esta declaración deshumanizada y discriminatoria organizó reuniones para pedir explicaciones a la Policía de Tilcara y a médicos del Hospital Dr. Salvador Mazza. Los efectores de Salud propusieron que haya médicos policiales para no sobrecargar su trabajo o evitar problemas con la atención específica de presos.
El comisario se limitó a describir los hechos naturalizando u omitiendo la violación de derechos que en los operativos se cometieron.
Los concejales nunca invitaron a los familiares a tomar parte del debate, hasta que fue exigido por ellos mismos.
Ninguno de los agentes estatales allí presentes atinó sugerir como respuesta la contención de la problemáticas más urgentes con políticas integrales. Sólo cuando vecinos y familiares empezaron a hablar sobre lo que sucedía, comenzaron a balbucear algunas respuestas de este tipo.
Los medios de comunicación por su parte también tuvieron un rol muy importante ya que se dedicaron en la mayoría de los casos a justificar y no cuestionar las acciones violentas y a contra Derecho de todos los funcionarios que estaban interviniendo, así como reproducir y fortalecer los discursos criminalizantes, discriminadores y autoritarios acerca de los jóvenes y sus familias.
Los funcionarios judiciales que intervinieron también tuvieron un demostración de ejercicio autoritarios y cómplice del accionar de la policía: no hubo contención ni escucha hacia los familiares. Los chicos, a pesar de los golpes no fueron llevados al médicos a pesar del pedido verbal al ayudante de fiscal, que sólo lo hizo cuando se presentó una nota a mano alzada de una de las madres.
En llamativamente 24 horas el juez de control emitió una resolución que fue entregada por el ayudante de fiscal que, frente a la sorpresa de una familiar comentó informalmente: “Una persona muy importante de Tilcara, realizó gestiones para que esta causa se realizar con rapidez”.
A pesar que había menores entre los doce detenidos, nunca se hizo presente un juez o funcionario acorde a esta situación. Cuando se llamo a la Secretaría de la Niñez para denunciar esto, se sugirió que la familia “busque un abogado”.
Los familiares recibieron el apoyo de organismos de Derechos Humanos, que sirvió para publicitar lo que sucedía y frenar una serie de acciones represivas que se esperaban contra otros jóvenes, asi como el posible archivo de la causa. Luego se pudo organizar las denuncias con la Secretaría de DDHH de la provincia, de la Nación, posteriormente el CELS pidió ante los funcionarios provinciales que se esclarezca el tema y fue la Mesa Coordinadora Contra la Violencia Institucional de Jujuy la que sostuvo la visibilización de esta situación en reuniones con funcionarios de la provincia, que escucharon pero que prácticamente en nada avanzaron en este sentido.
Ninguno de los partidos tradicionales que ostentan el ejecutivo provincial como municipal, han dado o propuesto acciones reales y efectivas en este sentido.
Las respuestas más o menos efectivas para lo que estaba sucediendo provinieron del pueblo, de vecinos, de familiares, de profesionales comprometidos y algunas instituciones que comenzaron a juntarse, conversar, instalar el tema, debatir. Y propones actividades en una dirección integral y humanizada.
Los casos de abuso por parte de la Policía continuaron siendo pan de todos los días, en general relacionadas con problemáticas de adicción, delitos menores, peleas, entre otros. En la actualidad prácticamente ninguna de estas problemáticas no son abordadas, como los debates avanzados señalan, desde la perspectiva de la Salud o de la Inclusión Social. Continúan siendo objeto de políticas represivas y punitivas.
Elber
A Elber lo encontró la policía dentro de su auto. Dormitando porque había tomado y era tarde. Nada fuera de lo normal en la vida de un joven tilcareño. Se lo llevaron por ese motivo. La Ley de Faltas, la antigua versión, como la actual que debe entrar en vigencia en el 2016, le da ese poder a los policías para que levante en la calle a cualquiera que ellos consideren sospechosos de …. algo. Después de esto, su madre sólo pudo ver el joven cuerpo sin vida de Elber.
Reflexiones
Desde aquel otoño de 2013 a este invierno de 2015, ¿qué sucedió para que no esté más con nosotros Elber?
Si había conocimiento de la brutalidad y autoritarismo de la Policía en Tilcara, de la complicidad de las agencias judiciales y de Salud y de funcionarios públicos en los diversos niveles de gestión provincial y municipal que ya conocíamos, ¿por qué pasó?
Si sabemos que las respuestas violentas hacia los jóvenes, lejos de resolver generan más violencia, ¿por qué se siguen empleando?
¿Por qué no hay gabinetes en las escuelas, programas eficientes para tratar las adicciones y los suicidios presentes en muchísimos de nuestro jóvenes en el Hospital?
¿Por qué no hay una oferta de formación laboral, para darle herramientas para tener sus ingresos legítimos y soñar con una familia y un futuro?
¿Por qué no se respeta el derecho al territorio y otros tantos de nuestros jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas?
¿Por qué no hay espacios recreativos y programas deportivos accesible para que puedan socializar a través del juego colectivo?
En fin, ¿por qué hoy no podemos ver a Elber en la esquina de la Plaza?
RECORDAR para no REPETIR.
DERECHOS efectivos para VIVIR BIEN.
NUESTROS JÓVENES SON NUESTROS.