En un capítulo más de la entrega de soberanía —esta vez judicial—, la Policía Federal notificó en su domicilio de San Salvador de Jujuy a Ali Peralta, secretario político nacional de la OLA (Organización para la Liberación Argentina). ¿El motivo? Una causa armada que huele a espionaje ilegal y servilismo exterior.
La denuncia original, radicada en julio de 2025, no vino de un vecino preocupado, sino de un soldado del ejército israelí de origen argentino que reside en los territorios ocupados. Este personaje, miembro activo de las fuerzas de ocupación, pretendió acusar a Peralta de «terrorismo y apología de la violencia». Un desplante de cinismo total: el victimario denunciando a la víctima.
Espionaje y «soluciones» de rodillas
Tras meses de seguimiento y espionaje por parte de la Federal en el trabajo y el hogar de Peralta, la montaña parió un ratón. Como no encontraron ni una prueba de terrorismo —solo a un trabajador y padre de familia comprometido con la causa palestina—, los fiscales, para no admitir el papelón, mutaron la carátula a «discriminación por antisemitismo».
La Justicia Federal intentó una salida elegante —y extorsiva—: le ofrecieron a Peralta un «acuerdo» que incluía:
Pagar una reparación económica.
Realizar tareas comunitarias.
Aceptar la censura previa, prohibiéndole publicar denuncias contra el aparato sionista en sus redes sociales.
No hay humillación aceptada
Desde la OLA fueron tajantes: «No somos gente que se deje humillar». El dirigente rechazó el trato y decidió enfrentar el juicio para sostener sus principios de resistencia nacional.
Es inadmisible que los instrumentos de inteligencia y seguridad de la Nación Argentina se utilicen para cumplir los designios de un soldado extranjero y una agenda que nada tiene que ver con los intereses de nuestro pueblo. En Jujuy, la persecución política ahora también se importa desde el Oriente Próximo.
Una batalla más. Y es bueno que se vean las caras.

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