La Justicia condenó a Julián Martínez a siete años de cárcel efectiva tras comprobarse que estafó a más de 20 familias mediante la comercialización irregular de terrenos propiedad del Estado en la ciudad de La Quiaca.
La sentencia se dictó a partir de una denuncia impulsada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.
Martínez fue hallado culpable de los delitos de estafa, fraude con perjuicio al Estado, falsificación de instrumento público y peculio. El caso cobró relevancia institucional debido a que las autoridades provinciales la catalogaron como una sentencia sin precedentes, al tratarse de la primera condena de prisión efectiva por este tipo de maniobras ilícitas con tierras fiscales.
La investigación penal se inició luego de que las áreas de Control y Recupero y de Regularización Dominial detectaran la venta fraudulenta durante un operativo de control en la ciudad fronteriza. Tras la recolección de pruebas y la posterior denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, el implicado había sido detenido en marzo de este año.
Desde el organismo estatal señalaron que la política de ordenamiento territorial y recupero de lotes se mantiene activa en diversas localidades de la provincia. En ese sentido, confirmaron que durante los últimos meses se presentaron otras cinco denuncias penales por ocupaciones o ventas irregulares que actualmente siguen su curso en el ámbito judicial.
Ante la proliferación de estas maniobras, el área de Ordenamiento Territorial reiteró la recomendación a la ciudadanía de realizar consultas exclusivamente por los canales oficiales para verificar la situación dominial de cualquier inmueble antes de realizar transacciones.
Las oficinas de atención al público funcionan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 horas, en avenida Almirante Brown 792 de la capital jujeña, como así también a través de su sitio web institucional.
