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Juan Castro Olivera, cuñado de Nahuel Morandini, fue notificado de la resolución del juez Pablo Pullen Llermanos en la que le impone una mordaza judicial, prohibiéndole hablar de Gerardo Morales y su esposa, Tulia Snopek. En el caso del exgobernador, además prohíbe «la utilización del cargo público que ocupó u ocupare».
Diez días después de la liberación de Morandini y Roque Villegas, que estuvieron detenidos más de 50 días por postear en redes comentarios sobre el rumor de la infidelidad de la esposa de Morales, Juan Castro Olivera recibió este jueves la notificación firmada por el juez Pullen Llermanos en la que prohíbe hablar del exgobernador, su esposa y su hija.
En la notificación se cita la resolución de Pullen del 17 de enero en la que prohibía a Morandini, Villegas «y el grupo familiar y de amistad de cada uno de ellos (…) efectuar expresiones públicas por cualquier medio, utilizando el nombre de las víctimas (…) y/o la referencia de ambas con relación a su progenitor y esposo». En el caso de Gerardo Morales, puntualmente, el juez prohibió «la utilización de su nombre, o del cargo público que ocupó u ocupare».
«Mientras uno de los denunciantes tiene abierto el micrófono para leer un chat de un WhatsApp privado, los familiares de Nahuel ni siquiera pueden mencionarlo», comentaron desde el entorno de Morandini, en referencia a las declaraciones públicas de Morales en las que acusó a los dos detenidos, sus familias y sus allegados como integrantes de una supuesta conspiración en su contra.
La mención de «un WhatsApp privado» se refiere al caso de la arquitecta Lucía González, quien también fue imputada por haber enviado un mensaje sobre el mismo tema en un grupo de amigos de esa aplicación de mensajería. Según el fiscal Walter Rondón, en ese chat estaría la evidencia de que se trató de una decisión premeditada de expandir rumores para causar un daño.
Juan Castro Olivera es quien organiza y conduce la radio abierta que todos los jueves las familias realizan frente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para exigir el sobreseimiento de Morandini y Villegas. «La insistencia con la que se moviliza todo el aparato y los recursos del estado, que deberían estar a disposición del pueblo jujeño en su conjunto y no solo reservados para una minoría, deja a las claras que aquí la intención es, amedrentarnos, quebrarnos emocionalmente e infundir miedo», advirtieron desde el entorno de Morandini.
Basta de persecución
En tanto, este viernes familiares y allegados de la arquitecta Lucía González reclamaron el cese de la persecución en su contra. «Por comentar un chisme sobre gente poderosa en un grupo privado de WhatsApp, a Luli le montaron una guardia en su casa, con vehículos sin patente y efectivos policiales de civil. También le dieron de baja su contrato en la provincia», señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.
González se encuentra fuera de la provincia, pues al momento en que fue imputada se encontraba de vacaciones. «No quiere volver hasta que no tenga garantías de un proceso ajustado a derecho», informaron desde su entorno.
Piden la detención de una mujer por comentar en WhatsApp un chisme sobre Gerardo Morales
