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Una vez más los ex trabajadores de la Dirección provincial de Energía de Jujuy estuvieron presentes en la plaza Belgrano, para reclamar justicia. Exigen el pago de más de 16 millones de pesos por la propiedad participada del ex organismo.
Uno de ellos, Oscar Rojas afirmó que “el gobierno desobedece a la justicia. Tenemos tres sentencias favorables en estos últimos 12 años y no tenemos ninguna respuesta hasta el día de hoy. Al gobierno no les importa lo que nos pasa”.
Son alrededor de 500 empleados que fueron afectados por la privatización de la Dirección provincial de Energía. Denunció que “queremos saber que se hizo con esos 46 millones de dólares, nadie lo sabe es una gran incógnita y a nosotros se nos cerraron todas las puertas tanto de los políticos como del gobierno».
Asimismo, Rojas resaltó que “esperamos que se apliquen multas diarias al gobierno de Jujuy por desobediencia judicial”. Luego aclaró que “debe expedirse la vocalía, para confirmar la multa diaria que el gobierno debe pagar por rebeldía judicial”.
Explicó que desde que se derogó la Ley “el Gobierno jamás cumplió” razón por la cual tuvieron que recurrir a la Justicia hace 19 años. En este sentido comentó que en 2011 “salió una sentencia a favor de los ex trabajadores, que luego fue apelada por el Gobierno. En el año 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy emitió una sentencia que obligaba al Gobierno -provincial- a cumplir con esta sentencia”.
En este sentido, Rojas afirmó que a pesar de la resolución judicial a favor de los trabajadores, “a ninguno se le entregó la certificación de las acciones, ni se les pagó los dividendos” y agregó “no se cumple con lo que dice la sentencia”.
En diciembre de 1995 se derogó la Ley de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy en la que se declaró sujetas a privatización las actividades de Generación, Transporte, Distribución Concentrada y de los Sistemas Eléctricos Dispersos que realizaba la Dirección de Energía de Jujuy.
Hay que recordar que en su momento fueron creadas la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A), y la Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A), que se constituyó bajo la forma de Sociedad Anónima, cuyo Capital Social se distribuyó en un 10% para ser adjudicado al personal de las respectivas empresas mediante el Programa de Propiedad Participada y el 90% para el Estado Provincial.
Este Programa debía posibilitar el acceso a los empleados al Capital accionario de EJE S.A y EJSED S.A, y los representantes gremiales debían tener participación en la elaboración de los instrumentos que regulen este programa.
