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El gobierno de Jujuy fue notificado por el estado nacional sobre la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que solicita que Milagro Sala siga los procesos judiciales en libertad porque “corre serio riesgo de vida” o, en su defecto, que la dirigente cumpla arresto domiciliario o fiscalización electrónica.
El ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, confirmó que llegó la notificación y precisó que ahora el gobernador Gerardo Morales debe firmar un decreto sobre el tema y enviarlo al Poder Judicial, que es finalmente el que debe resolver formalmente la situación de Sala.
Una vez que le llegue el decreto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le corre vista a los jueces de Control Penal N° 1, Gastón Mercau, y de Instrucción Causas Ley, Pablo Pullén Llermanos, que son los dos funcionarios que dictaron la prisión preventiva para la dirigente social.
Mercau firmó la orden de encarcelamiento de la diputada del Parlasur por el el acampe en la plaza Belgrano; días después decidió liberarla pero media hora después ordenó una nueva detención, ya en el marco de la causa en la que la imputó de los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
Pullén Llermanos, por su parte, le dictó la prisión preventiva por el expediente por “tentativa de homicidio, agravada por precio o promesa remuneratoria”, una complicada causa en la que el autor de los disparos en cuestión fue sobreseído luego de declarar contra Sala.
Luego, los jueces penales deberán correr vista al Ministerio Público de la Acusación, cuyas causas las tiene el fiscal de Investigaciones Penales, Diego Cussel, para que opine o intervenga en la causa, y posteriormente los magistrados deben obedecer a la cautelar dictada por la CIDH.
La defensa de Sala advierte que el traslado de la dirigente social a su domicilio privado para continuar allí su arresto preventivo (ya sea con o sin pulsera electrónica) es inminente.
