Siguen las críticas: «Es el principio del fin del sistema de viviendas sociales»

Los sectores opositores en la legislatura de Jujuy suman más críticas a la sanción de la Ley 6077, que crea el Sistema de Solidaridad de Vivienda. “Es el principio del fin del sistema de viviendas sociales” dijo el presidente del bloque de diputados justicialistas, Juan Cardozo.

En tanto, el titular del bloque del PTS-FIT, Alejandro Vilca rechazó la norma porque “el oficialismo votó un nuevo negocio con las viviendas sociales, que van a pagar los beneficiarios del Ivuj. Se termina lo social y comienza un negocio inmobiliario a través de fideicomisos administrativos y financieros con entidades bancarias, empresas constructoras y fondos de inversión”.

Cardozo explicó que el proyecto del gobierno de Cambiemos, viene a cambiar un esquema solidario de construcción de viviendas que benefició durante más de 50 años a miles de familias jujeñas. El objeto del ejecutivo es priorizar un sistema económico de indexación al derecho de una vivienda digna; “El oficialismo sacó a flote una ley vinculada más a la banca privada que al espíritu solidario que diera origen a los planes de viviendas sociales”.

Explicó que la norma aprobada por el oficialismo surgió de un proyecto del gobierno para paliar el déficit de obras públicas en materia de viviendas y que la misma busca compensar las promesas incumplidas por el gobierno que se comprometió a realizar 3 mil unidades habitacionales por año, cosa que no pudo concretar en lo más mínimo en los más de dos años y medio que lleva de gestión.

En tanto, Eduardo Hernández, del PTS-FIT agregó que “esta nueva modalidad abre el juego a la especulación y el lucro empresario de inversores y no a va a satisfacer la gran necesidad de viviendas. Por el contrario, significará un aumento en el valor de las cuotas de los beneficiarios del IVUJ y habilita los desalojos para quienes no puedan pagarlas. La ley establece que el tope máximo para el pago de las cuotas no puede superar el 25% del ingreso familiar, y que el valor de las nuevas cuotas no puede ser inferior al 20% del salario mínimo vital y móvil, hoy en $10.000, o sea $2.000 como mínimo la cuota. Si tenemos en cuenta que, en Jujuy, según datos oficiales, la mitad de las personas que tienen ingreso formal no alcanzan a percibir el mínimo, estamos ante una clara intención confiscatoria por parte del Estado”.